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El decreto N° 27.756, establece que “el proyecto de ley sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Este argumento fue clave para que el Ejecutivo optara por vetar la iniciativa, a pesar de que había sido aprobada con amplio respaldo en ambas cámaras.
La semana pasada, en un encuentro en la Casa Rosada, Milei se reunió con representantes de La Libertad Avanza (LLA) y de la “oposición aliada”, quienes le expresaron su “respaldo total” al veto de la ley. Entre los presentes en la reunión estaban figuras destacadas como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO), Oscar Zago (MID), y Gabriel Bornoroni (LLA). También asistieron diputados y senadores de varios sectores alineados con el oficialismo.
Sin embargo, la ausencia de los líderes de los bloques "dialoguistas", como Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo de Loredo, dejó en evidencia una fractura dentro de la oposición en relación con este tema.
Mientras algunos sectores defienden el veto como una medida necesaria para mantener la estabilidad fiscal, otros critican duramente al Gobierno por dejar a los jubilados sin una actualización justa de sus haberes.
La oposición que no respalda el veto ya comenzó a movilizarse para intentar conseguir los dos tercios necesarios en el Congreso que permitirían restablecer la ley a pesar del rechazo presidencial.