Una de las particularidades de este proceso fue el rápido ritmo con que se llevo a cabo.
Existía un gran interés por parte de los acreedores externos para los cuales las empresas públicas eran la mejor opción para hacer efectivo una parte del capital adeudado a través de la capitalización de la deuda, abrir nuevas áreas de inversión ocupando mercados hasta ese momento abastecidos por el Estado, y consecuentemente multiplicar sus ganancias.
Cabe destacar que todo el proceso de privatización se llevó a cabo bajo la dirección técnica y financiera de los organismos financieros internacionales (FMI, BID, Banco Mundial).
Se esgrimieron cuatro tipos de argumentos en favor de las privatizaciones.
El primero tenía que ver con la necesidad de reducir el déficit fiscal. Las privatizaciones servirían para bajar ese déficit en la medida que las empresas serían entregadas como parte del pago de la deuda externa. Asimismo, el hecho de pagar parte de la deuda, daría señales favorables de cambio de rumbo a los agentes económicos y a los gobiernos de los países desarrollados, obteniendo así el apoyo de los acreedores externos y un incentivo para los grupos interesados a nivel local.
El segundo argumento, ligado íntimamente al anterior, giraba en torno de la necesidad de estabilidad. La hiperinflación sufrida durante el período que precedió a las privatizaciones fue la herramienta fundamental del gobierno para actuar de manera acelerada en este proceso. El gobierno identificaba a las empresas públicas como una de las causas fundamentales de la crisis y por eso, cuanto más rápido se privatizara, se reduciría el déficit público y volvería la estabilidad.
En tercer lugar se argumentaba que el Estado no tenía capacidad para financiar las inversiones necesarias en tecnología para encarar las obras de modernización, con lo que el aporte del capital privado aseguraría el mejoramiento del sistema.
Por último se afirmaba que el estado era incapaz para administrar con eficiencia, fomentaba la burocracia y la corrupción y en consecuencia no podía brindar buenos servicios.
Dos leyes aprobadas en el Congreso, fueron las que abrieron camino e hicieron posible el rápido programa de privatizaciones.
La primera, de Reforma del Estado (L. 23.696), autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir las empresas públicas, suprimir los directorios existentes, eliminar los órganos de control, dividir las empresas y privatizarlas. Así se concentró el poder de decisión en el Poder Ejecutivo y se suprimieron los Órganos de Control.
La segunda ley, llamada de Emergencia Económica (L. 23.697) , otorgaba al Poder Ejecutivo Nacional poderes extraordinarios en función de los cuales el mismo podía legislar (por decreto) prescindiendo del Congreso Nacional y derogó las normas que diferenciaban al capital extranjero del nacional.
Con el poder conferido al PEN a través de estas leyes el nuevo gobierno emprendió un programa de reformas estructurales, donde la privatización de las empresas públicas desempeñaría un papel fundamental.
En la primer etapa se consideraron prioritarios tres sectores: Energía, Comunicaciones y Transportes.
El mecanismo de traspaso al sector privado se trató de una concesión destinada a brindar dichos servicios por un período de tiempo determinado. Este proceso comprendió a la mayoría de las empresas públicas del Estado y a una amplia franja de sectores económicos que van desde el servicio telefónico, eléctrico, agua y de gas hasta las industrias petroquímicas, navales y del acero, pasando por la concesión de los servicios de transporte aéreo, de ferrocarril, puertos y caminos, etc.
La idea es que el Estado mantenga su función reguladora en materia de nivel y estructura tarifaria, calidad y continuidad del servicio, etc., a través de los llamados “entes reguladores”, entre ellos: Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Ente Nacional Regulador de Electricidad, Ente Nacional Regulador del Gas, Comisión Nacional de Transporte Automotor, Comisión Nacional de Regulación Aero- comercial, Comisión Nacional de Correos y Telégrafos.
Para reducir el precio de las empresas públicas y facilitar su venta las mismas fueron desmanteladas. Los nuevos marcos regulatorios fueron casi inexistentes y los requisitos impuestos a los oferentes fueron de tales que sólo quedaban espacio para que se presentaran los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.
El primer caso de privatización fue el de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).
El 9 de noviembre de 1990 se realiza el traspaso de Entel a Telefónica y Telecom, luego de que el 12 de septiembre del año anterior se firmara el decreto 731/89 de privatización de la empresa de teléfonos.
En 1990 se crearon dos sociedades anónimas a las que se le transfirieron los activos, equipos y edificios de la ENTel. Los pasivos, por casi 2.000 millones de dólares, quedaron dentro del presupuesto público.
El 60% de las acciones se licitaron, el 30% las retuvo el Estado para ser vendidas en la bolsa y el 10% restante quedo para los trabajadores dentro de un Programa de Propiedad Participada. Esto último se hizo con el objetivo neutralizar algunas demandas sindicales y ganar el apoyo de los trabajadores.
La adjudicación se realizó finalmente a los consorcios creados entre los acreedores de la deuda externa y empresas telefónicas extranjeras.
Previo a la adjudicación estalló un gran conflicto laboral. Ante el incumplimiento por parte del Gobierno de un acuerdo salarial se inició una huelga con un alto acatamiento de todo el personal que así expresaba además su rechazo a los proyectos de privatización en marcha.
La privatización de ENTel fue una de las primeras y más importantes del Gobierno menemista, dirigidas por el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, José Roberto Dromi. El proceso fue conducido por María Julia Alsogaray, quien tenía a cargo la empresa. Por las irregularidades en su privatización, Alsogaray fue condenada por fraude a la administración pública y condenada a cuatro años de prisión.
Para privatizar la compañía se crearon las empresas Sociedad Licenciataria Norte S.A. y Sociedad Licenciataria Sur S.A. (luego Telecom Argentina y Telefónica de Argentina, respectivamente) y dos para los servicios de comunicaciones internacionales y télex.
Antes de concretar la privatización, la interventora María Julia Alsogaray, incrementó el valor de las tarifas telefónicas de manera abrupta. El 7 de febrero de 1990 el aumento fue del 112%, elevándose a más del 300% a fines del mismo mes. ENTEl fue cotizada en u$s 1.900.000 cuando, según estimaciones, su valor real triplicaba esa suma.
En el período 1989-1993 se llevó a cabo un vasto programa de privatización de la mayoría de las empresas de servicios públicos nacionales. La consecuencia más evidente del proceso de privatización que tiene que ver con el pasaje de la propiedad del estado de sectores estratégicos de la economía a manos privadas. Este pasaje produjo grandes cambios estructurales en la propiedad, concentrando y consolidando la presencia de los grandes grupos económicos. Asimismo acentuó la tendencia a la asociación entre esos grandes grupos económicos locales con capitales extranjeras.
Fuentes: Ministerio de Hacienda de la Nación – Taller de estudios Laborales Bs.AS. (TEL) – Wikipedia.
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