La medida apunta a derogar la Ley 27.637, sancionada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández, que extendió el beneficio de 850.000 a más de 4 millones de usuarios en todo el país, incluso en zonas de clima templado como el interior bonaerense, Córdoba y Mendoza. Desde el Gobierno aseguran que el subsidio fue ampliado con criterios técnicos dudosos y sin tener en cuenta el nivel socioeconómico de los hogares beneficiados.
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Según fuentes oficiales, el régimen se financia por dos vías: un recargo de casi el 7% que pagan todos los usuarios del sistema, incluso los de bajos ingresos, y aportes directos del Tesoro Nacional, algo que fue negado al momento de su aprobación. En los hechos, el esquema terminó beneficiando a familias de clase media y alta, mientras que usuarios de menores recursos subsidian parte del costo.
La intención de Caputo y Milei es regresar al modelo original establecido en 2002, que incluye solo a las regiones con temperaturas extremas, como la Patagonia, la Puna y Malargüe, donde viven unos 850.000 usuarios.
Las bajas temperaturas y la quita de subsidios no se llevan bien.
Las bajas temperaturas y la quita de subsidios no se llevan bien.
El problema es político: derogar la ley en el Congreso sería complejo porque implicaría un aumento de tarifas en muchas provincias. Por eso, en el Gobierno evalúan avanzar por vía administrativa, con un DNU que se aplicaría tras las elecciones legislativas de octubre.
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Luis Caputo quiere eliminar un polémico subsidio kirchnerista al gas y ahorrar US$ 300 millones anuales
En paralelo, la administración ya comenzó a restringir el beneficio, por ejemplo quitando los subsidios a usuarios con más de un medidor.
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Un estudio de la consultora Economía y Energía, que dirige Nicolás Arceo, reveló que la expansión del régimen provocó un aumento del consumo de gas del 7% en las zonas incorporadas entre 2021 y 2024, mientras que en las provincias excluidas la demanda cayó hasta un 9%. Un efecto contrario al buscado en plena política de reducción del déficit fiscal.
