martes 18 de enero de 2022
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El gobierno nacional congela el Consenso Fiscal de Macri: alivio para las provincias

La Nación va por un nuevo Consenso Fiscal que reemplace al que se firmó en 2017. Se frena la reducción de impuestos para algunos sectores económicos.

El gobierno nacional prepara un nuevo Pacto Fiscal con las provincias para reemplazar definitivamente el que se firmó en 2017 por impulso del gobierno de Mauricio Macri y que tenía como un objetivo esencial la reducción progresiva de las alícuotas de los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos en las provincias, a razón del 0,5% anual durante cinco años en el primer caso.

Según aquel acuerdo, al cabo de cinco años, es decir en 2022, se alcanzaría el objetivo de reducir o directamente exceptuar del gravamen de Ingresos Brutos las actividades vinculadas a producción y liberar los topes para los rubros vinculados a comercio y servicios.

Los pasos previstos del Consenso de 2017 se cumplieron en 2018 y 2019 y fueron suspendidos en 2020 y 2021 por la actual gestión. Ahora, ante la disyuntiva de retomar la senda de reducción de alícuotas o suspender el Pacto por tercer año consecutivo por la imposibilidad de las provincias de seguir resignando recursos propios, el gobierno nacional cree que lo conveniente es reemplazarlo por otro consenso, pacto o acuerdo (el nombre todavía no está definido) que brinde certidumbre y, de esa manera, no haya que esperar todos los años para ver qué va a ocurrir con los regímenes impositivos.

La fórmula que la Nación les propone a las 24 jurisdicciones es convertir la foto actual, que en los términos del Consenso de 2017 corresponde a los objetivos establecidos para 2019, ya que en 2020 y 2021 el mismo se suspendió.

Para eso está enviando a los gobiernos provinciales el borrador de un pacto renovado en el cual se establece ya no una ruta de reducción obligatoria, sino un tope de alícuotas máximas por actividad con el que cada provincia puede gravar a las empresas. De ahí para abajo, cada jurisdicción estaría en condiciones de fijar la política tributaria que crea conveniente.

El siguiente cuadro contemplado en el Consenso Fiscal 2017 muestra las alícuotas máximas previstas para 2019. Así quedaría de contar con el aval de las provincias y ser homologado por el por el Congreso de la Nación:

info 2 consenso fiscal 2017.png

Como en todo pacto fiscal, el que no se encuadre podría perder competencia con otras jurisdicciones y al mismo tiempo resignar beneficios de la Nación.

En Santa Fe

En el caso de Santa Fe prácticamente el 95% de las actividades ya están encuadradas en el tope de alícuotas que estaban previstas para 2019, por lo tanto las modificaciones a hacer son ínfimas. En algunos casos, por ejemplo, están debajo.

La actividad agropecuaria hoy está exenta, a pesar de que para 2019 el Consenso de Macri autorizada un 0,75% como máximo.

En el caso de la industria, aquellas que el año pasado facturaron más de 100 millones de pesos, están pagando 1% (el consenso autorizaba 1,5%) y las que facturaron por debajo de esa cifra siguen exentas.

En el caso del impuesto a los Sellos, el nuevo consenso que impulsa el gobierno nacional lo mantendrá con una alícuota máxima de 0,75% para todas las provincias.

Si la provincia adhiriese al futuro acuerdo, deberá ser homologado por la Legislatura.

El caso de la industria

La industria manufacturera es una de las actividades que, según la letra original del Consenso de 2017, debía quedar exenta a partir del 1° de enero próximo. Sin embargo, al suspender ese mandato durante los dos últimos años, quedó en 1,5%. Si prospera el nuevo acuerdo, quedaría con un máximo de 1,5% como alícuota definitiva.

El siguiente es un esquema elaborado por la propia Unión Industrial Argentina que compara cuál era la situación en 2017 que enfrentaban las industrias provincia por provincia; el segundo muestra cómo debería ser en 2021 con un alícuota unificada del 0,5%; y en tercer lugar la realidad de lo que tributa la industria manufacturera en la actualidad.

info consenso fiscal.png

Como se ve, la mayoría de las provincias ya están adecuadas o están por debajo del 1,5% máximo que quedaría establecido como definitivo. Santa Fe (1%), Córdoba (1,2%) y Río Negro (1%) están un escalón más abajo. Mientras que provincias como San Luis, Santa Cruz, Corrientes y Neuquén deberían adaptarse si es que deciden plegarse.

En el caso del sector industrial, tenía gran expectativa con la baja acordada en 2017. La UIA entiende que “la reducción del impuesto a los ingresos brutos es sumamente positiva para la competitividad de la economía” debido “a lo distorsivo que resulta este impuesto por su aplicación en cascada, que hace que se incorpore como un costo y por lo tanto sea traslado a precios. Es decir, el impuesto a los ingresos brutos grava varias veces el mismo valor agregado (por la inexistencia del cómputo de crédito fiscal) y se toma como costo de producción presionando sobre los precios”. Y sostiene que “tiene un impacto especialmente negativo en las exportaciones argentinas, por el costo incremental que genera en la producción local”.

Ese es el espíritu con el que el gobierno de Mauricio Macri impulsó aquella reducción progresiva, dejando el peso de la recaudación de Ingresos Brutos en las actividades vinculadas al sector comercio y servicios y prácticamente extinguiéndolas a las actividades agropecuarias e industriales, salvo excepciones.

El problema es que eso implicaba no solo desfinanciamiento para las provincias, sino también resignar ingresos propios, con la consecuente mayor dependencia de los recursos nacionales. Por otra parte, con la pandemia y la crisis económica, las provincias tienen dificultades para reemplazar lo que dejaron de recaudar en industria y agro con lo que perciben de comercio y servicios. En el balance final terminaban perdiendo.

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