Este jueves la Cámara de Diputados, en una nueva sesión ordinaria, dio media sanción al proyecto de ley que suspende por un año los términos procesales de todos los juicios que tengan por objeto la ejecución hipotecaria de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente. La ley busca brindar protección para las personas que tomaron créditos hipotecarios UVA y en la actualidad han generado importantes deudas como consecuencia de no poder pagar las cuotas, a raíz del aumento exponencial de las mismas. A principio de año en Mendoza llegaron las primeras intimaciones para la ejecución de las viviendas.
Lla Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que suspende por un año los términos procesales de todos los juicios que tengan por objeto la ejecución hipotecaria de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente.
El proyecto votado en el recinto legislativo tiene como condición en su artículo segundo que la vivienda hipotecada debe cumplir con tres requisitos: que recaiga sobre una vivienda única, familiar y de ocupación permanente; que el origen del crédito hipotecario obtenido provenga de los programas financieros UVA, UVI, Procrear o de cualquier otro programa o acto que previere un mecanismo de ajuste del crédito sujeto a variación inflacionaria para la adquisición construcción, mejora o ampliación de vivienda; y que la vivienda sea ocupada por el deudor, acto que debe ser justificado mediante declaración jurada.
En la actualidad hay 105.000 familias que atraviesan una situación económica difícil por el crecimiento de su deuda por el crédito tomado. En enero de este año se descongelaron las cuotas y crecen a un ritmo cercano al 8% mensual. UVA aumentó más del 305% entre 2016 y 2020 mientras que los salarios en el mismo período rondaron una suba del 245%. Desde los reclamos, el Gobierno ha intentado brindar una asistencia para los deudores, pero los damnificados aluden que siguen "estando a merced" de los bancos que muchas veces impiden llegar a soluciones.
En los fundamentos del proyecto aprobado el jueves se expresa que "las Unidades de Vivienda UVAs y UVIs que fueron creadas para hacer más accesibles a los créditos hipotecarios, y por las cuales muchas familias pretendieron acceder a una vivienda propia, van generando que el deterioro constante de la relación entre la cuota y los salarios comience a complicar las posibilidades de los tomadores de crédito de hacer frente a los pagos".
En otro párrafo explica que si bien se conoce que a nivel nacional se han presentado diferentes proyectos que intentan abordan la problemática, y que con la implementación del Decreto 767 /2020 se intentó dar una respuesta en el marco de la situación de emergencia actual, indican que "la Provincia puede tomar una medida que proteja de los remates a los ciudadanos que han tomado esta clase de créditos hipotecarios".
Para concluir, se indica que este proyecto de ley es un "paliativo", hasta tanto se sancione una solución de fondo a la problemática a nivel nacional "que modifique o derogue el sistema UVA, modifique la indexación para que no sea por CER sino por índice de variación salarial, o se establezcan otros instrumentos que puedan dar una respuesta a los miles de reclamos existentes".
Ahora deberá la Cámara de Senadores terminar de dar sanción al proyecto o realizar las modificaciones que a su entender deben formularse.
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