La "Ley Ómnibus" enviada al Congreso por el presidente Javier Milei contiene una serie de reformas y desregulaciones que extienden hasta diciembre de 2025.
Este proyecto, que cuenta con 664 artículos, propone una delegación legislativa en distintas áreas como la económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.
La delegación legislativa, en caso de ser aprobada, otorgaría al presidente Milei facultades para legislar en estas materias, aunque la Constitución Nacional prohíbe expresamente la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias de administración o de emergencia pública.
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El punto inicial del documento establece "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025", pudiendo ser prorrogada "por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años".
"Delégase en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa", indica la norma.
Es decir, que si se aprueban las emergencias, Milei tendrá las facultades de legislar, algo que la Constitución Nacional prohíbe expresamente en el artículo 76, que dice: "Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca".
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Entre las reformas, también se encuentran la derogación de las PASO, la implementación de la boleta única de papel, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, y la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, que habilita al Ejecutivo a privatizar empresas estatales.
Además, modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados e introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos.
También se propone suspender la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020, facultando al Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones. Este conjunto de medidas busca, según el presidente Milei, restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853.
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