Desde marzo del 2020, a través del decreto 320, se congelaron los precios de los alquileres en Argentina, suspendiendo además el desalojo mientras la norma esté vigente. Este alivio momentáneo en plena pandemia tuvo su prórroga en septiembre, cuando a través del decreto 766 extendió los plazos hasta el 31 de enero venidero.
El congelamiento de alquileres que fue una solucion al principio de la pandemia, hoy es debate entre inquilinos y propietarios.
Hasta aquí y tras haber atravesado un año económico difícil, la mayoría de los inquilinos "naturalizaron" el congelamiento, pero hasta Cenicienta alguna vez tuvo que despertarse. Cuando finalice el congelamiento no sólo se actualizarán los alquileres, sino que está previsto que los inquilinos paguen en cuotas (entre tres y seis) las diferencias entre lo que pagaron durante la vigencia del decreto y el valor estipulado en los contratos. De no haber prórroga, la primera cuota se abonará en febrero.
Para aquellos casos en los que -dada la suspensión de desalojos - se acumuló una deuda mayor a la diferencia entre el precio congelado y el de contrato, la misma deberá ser saldada una vez finalizado el congelamiento. Pero la cosa no termina aquí, ya que los propietarios podrán aplicar intereses compensatorios, más allá que no podrán aplicar intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.
Todos coinciden que la aplicación en marzo del decreto fue correcto ante la situación generalizada de incertidumbre, lo que está mal es acostumbrarse a nivelar el sofá colocándole libros por debajo. Sobre todo en un país donde económicamente no sólo el sofá esta endeble, sino también el cerámico, el contra piso y el suelo.
El halo de esperanza para los inquilinos aparece en la posibilidad que el gobierno nacional extienda por uno o dos meses más el congelamiento, esto dará oxígeno provisorio a los inquilinos que a posteriori volverán a afinar el lápiz, encender la calculadora, prender velas a San Cayetano y hasta colocar algún billete debajo del plato de ñoquis.
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Los inquilinos
No deja la noticia de ser un round más entre la pelea de inquilinos y propietarios. Cada uno con sus fundamentos (pros y contras) mantienen sus posiciones. Por el lado de los inquilinos, Gervasio Muñoz, representante de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, manifestó que “extender el decreto solo un mes es la confirmación de cientos de miles de familias desalojadas el 1° de marzo. Mientras los países suspenden desalojos hasta septiembre y brindan ayuda económica para saldar las deudas de alquileres, aquí se toman medidas cortoplacistas. A más de seis meses no se han reglamentado varios artículos de la ley de alquileres, no hay control de su cumplimiento ni una campaña de difusión de derechos” .
Según una encuesta publicada por la Federación de Inquilinos, el porcentaje de ingresos que destinaron las familias al pago del alquiler en diciembre de 2020 fue de 56,1%, esto representa 5 puntos porcentuales más con respecto a noviembre. En tanto, el endeudamiento asciende al 39,9% de los inquilinos, cerca de 1,4 millones de hogares.
Con todo, los resultados reflejaron una alta incertidumbre entre los inquilinos consultados: 39,6% no sabe adónde irá a vivir en los próximos meses y el 19,7% tendrá que mudarse.
Por su parte, representantes de distintos corredores inmobiliarios destacan que las políticas como el congelamiento solo sirven para desincentivar la oferta de inmuebles para alquileres de vivienda, generando, en última instancia, un perjuicio para los propios inquilinos. A esto se suma que el mercado de compraventa también se encuentra en estado crítico, lo que implica un empeoramiento de la actividad inmobiliaria.
Las inmobiliarias
Quien también tomó postura en relación al tema fue la Federación Inmobiliaria de la República Argentina. En un comunicado emitido narra en sus primeras líneas "el mencionado DNU resultó oportuno y paliativo para una crisis mundial sin precedentes, pero siempre considerado como una medida temporal, cuyo plazo de vencimiento se establecía en septiembre del 2020 y teniendo como espíritu rector el esfuerzo compartido de las partes para superar una etapa de gran incertidumbre", hasta allí la empatía.
En una visión igualadora, desde la federación manifiesta que "la verdadera solución debe abarcar a todos los argentinos involucrados en la problemática y no solo a un sector. Mucho más daño se hace, si pretendiendo nivelar la balanza, lo que se logra es desnivelarla más gravemente aún. Es tan grave la situación que vive quien con su magro ingreso necesita alquilar donde vivir o ejercer su comercio o profesión, como la de aquellos que con el esfuerzo de su trabajo pudieron lograr un ahorro en ladrillos, o un recurso de ingreso para completar magras jubilaciones, o un ingreso para poder pagar sus propios costos, gastos, etc".
También en la misiva emitida por el ente que nuclea las inmobiliarias, se plantea la necesidad de una solución superadora a la coyuntura actual explicando que "debe trabajarse sobre el verdadero problema social, que es lograr que cada argentino acceda a una vivienda propia, facilitando el camino para ello con financiamientos accesibles y confiables, incentivos de construcción, facilidades para alentar la inversión, seguridad jurídica para no atemorizar al tenedor de capital, ampliación de la oferta de viviendas en alquiler que ayuden a bajar precio y ampliar el mercado y muchas otras propuestas que quienes somos profesionales y conocedores del sector inmobiliario podríamos aportar".
La situación en Santa Fe
Según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), el aumento anual de los nuevos contratos en Santa Fe fue en el 2020 del 28,5%.
Desde el comienzo de la pandemia desde el espacio Encuentro, que encabeza el concejal Lucas Simoniello, se vienen realizando encuestas sobre la situación que atraviesan los inquilinos en Santa Fe.
Desde dichos estudios hay que arrancar marcando que del total de departamentos habitables, en el 2001 la cantidad de propietarios duplicaba a la de los inquilinos (56%-29%), mientras que para el 2010 la balanza se igualó entre los dueños y los que alquilan (48%-46%), siendo ampliamente superada en el 2020 la cantidad de personas que destinan un pago mensual para alquilar un departamento, que aquellos que son propietarios.
En cuanto al pago de alquileres en pandemia y ya con el congelamiento en marcha, en mayo, del universo encuestado el 43% tuvo dificultades para pagar el alquiler, el 38% logró abonarlo sin dificultades, mientras que el 7% debió realizar algún acuerdo con el propietario del inmueble y el 12% no llegó a pagar.
La situación en septiembre (primera prórroga) varió levemente, 41% tuvo dificultades para pagar el alquiler, el 47% logró abonarlo sin dificultades, mientras que el 7% debió realizar algún acuerdo con el propietario del inmueble y el 5% no llegó a pagar.
En cuanto a la consulta a los inquilinos sobre la extensión o no del congelamiento, el 79% coincide en extender el congelamiento, mientras que el 16% no cree que sea conveniente, registrándose un 5% de indecisos.
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