Los proyectos de ley para promover la industria del cannabis y el cáñamo industrial, y el de blanqueo de capitales para activar la construcción, que contiene beneficios impositivos para los bienes no declarados; recibieron este martes dictamen favorable en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados y quedaron en condiciones de ser debatidos por el plenario del cuerpo.
Además, recibieron el aval de las comisiones el proyecto que establece beneficios impositivos transitorios para la adquisición de vehículos cero kilómetro de origen nacional para propietarios de licencias de taxis y el que prevé una prórroga hasta 2072 de las asignaciones específicas para garantizar la provisión de fondos para las industrias culturales, que vencen en diciembre próximo.
A instancias del oficialismo, las iniciativas recibieron los dictámenes correspondientes, en todos los casos ratificando los textos que habían sido avalados el año pasado y que habían perdido vigencia como consecuencia del recambio legislativo del 10 de diciembre, por lo que los tratamientos fueron breves y sin mayores consideraciones.
El primero de los proyectos para promover la industria del cannabis y el cáñamo industrial, dictaminado por las comisiones de Presupuesto y de Agricultura con acuerdo de la mayoría de sus integrantes, promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.
El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del producto.
En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).
En el caso del proyecto referido a los incentivos para fomentar la construcción, que permite disminuir impuestos en el marco específico de un blanqueo de capitales no registrados, el dictamen fue emitido por la comisión de Legislación General a partir de un consenso mayoritario.
En diciembre pasado finalizó la primera etapa de la prórroga y buscaron implementar la ampliación con el proyecto de Presupuesto 2022, que finalmente fue rechazado con el voto opositor en el recinto, por lo cual no se pudo extender este sistema para poder blanquear esos fondos con beneficios impositivos siempre que sean destinados para la construcción.
El proyecto de ley -que quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la Cámara- prórroga durante 180 días, y por única vez, la vigencia del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y acceso a la Vivienda, que establece beneficios fiscales.
En cuanto a los proyectos que solo requerían el aval de Presupuesto y Hacienda, el Frente de Todos consiguió el respaldo para el que establece beneficios impositivos transitorios para la adquisición de vehículos cero kilómetro de origen nacional para propietarios de licencias de taxis.
El texto prevé un reintegro de un monto equivalente a la suma abonada en concepto del Impuesto al Valor Agregado y un beneficio sobre lo abonado, según lo establecido en Ley de Impuestos Internos, que recaigan sobre la unidad adquirida en condiciones de contado.
Se pueden acoger quienes tengan licencia vigente y en caso de acceder no podrán vender, donar ni ceder dicha unidad por el término de tres años.
Los titulares de licencias únicamente podrán comprar una unidad por año y los vehículos adquiridos deben ser de fabricación nacional o con un alto porcentaje de componentes argentinos.
La comisión que preside el oficialista Carlos Heller también dio el visto bueno al proyecto que prevé una prórroga hasta 2072 de las asignaciones específicas para garantizar la provisión de fondos para las industrias culturales, que vencen en diciembre próximo, en este caso con un propuesta de dictamen diferente por parte de Juntos por el Cambio.
Desde ese espacio político dijeron que si bien respaldan la continuidad de esa asignación, presentarán un dictamen de minoría para modificar el plazo de 50 años de prórroga que impulsó el oficialismo en su despacho.
La Ley 27.432, promulgada en diciembre de 2017, establece diversas reformas de carácter impositivo y en su artículo 4, por ejemplo, se dispone que el 31 de diciembre de 2022 vencen las asignaciones específicas que financian el Instituto Nacional de la Música (Inamu), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional del Teatro (INT), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), y las bibliotecas populares.
El proyecto determina la extensión de la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2072, con la continuidad de la vigencia del gravamen a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos creado por la ley 20630.
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