La reactivación o recuperación de la actividad económica en Argentina, en términos sociales y laborales, fue regresiva.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
La recuperación económica tras la cuarentena y la pandemia fue acompañada de una fuerte regresividad social y laboral por encima de los desequilibrios anteriores que está asumiendo un carácter estructural. Y constituye una hipoteca que se traslada al campo educativo, de salud, de vivienda y otros índices clave.
En comparación con el tercer trimestre de 2019, el PBI total creció 6,4% (9,3%, en los sectores que producen mercaderías y 4,2% en los que elaboran servicios) mientras que, del lado de la demanda, el consumo público cayó 1,7%, el consumo privado aumentó 5,5% y la inversión subió 26%.
Este balance –que muestra la reversión que se produjo tras la cuarentena y la pandemia- contrasta con los indicadores laborales y sociales. El salario y las jubilaciones-pensiones perdieron poder adquisitivo, los índices de pobreza e indigencia son superiores, el empleo no registrado en bien mayor y hubo un achatamiento de la pirámide salarial y previsional.
Si la comparación se hiciese respecto de fines de 2015, todos estos indicadores laborales y sociales empeoran porque la recesión de 2018/2019 y la disparada de la inflación en esos 2 años.
La reactivación o recuperación de la actividad en términos sociales y laborales fue regresiva, a pesar de la implementación de distintos programas de ayudas o bonos otorgados a las franjas de menores ingresos. Esas ayudas son un reconocimiento del deterioro social. No por casualidad, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina) la tasa de indigencia habría alcanzado en vez de 8% a casi el 20% de la población, y la tasa de pobreza en vez del 43% el 50%. Esos porcentajes representan 21,5 millones de pobres urbanos de los cuales 8,5 millones serían indigentes.
A su vez, la indigencia subió al 11,3% en 2019 y en 2022 es del 19,6%. Y la pobreza total del 32,4% en 2017, trepó al 43,3% en 2019 y al 50% en 2022.
Por otro lado, con relación a fines de noviembre de 2019, inicio de la gestión del actual Gobierno, la deuda bruta pasó de US$ 313.299 millones a US$ 384.668 millones: un aumento del 22,8% equivalente a US$ 71.369 millones, según las cifras de la Secretaria de Finanzas.
Las últimas medidas vinculadas al dólar soja implican un incremento del endeudamiento porque el Estado asume la diferencia entre el valor de ese dólar y el tipo de cambio oficial, a través de una Letras Intransferible a 10 años que el Tesoro de la Nación coloca en el Banco Central.
Los asalariados no registrados en 2016 sumaban 4.404.000, en 2019 ascendió a 5.135.000 y ahora totalizaba 5.600.000. En cuatro actividades son más los no registrados que los registrados: personal de casas particulares sobre 1.514.000 puestos de trabajo, 1.012.000 no están registrados (66,8%), agricultura sobre 833.000 asalariados, 495.000 no están registrados. (59,4%), construcción con 1.049.000 puestos asalariados, 630.000 no están registrados (60%) y servicios sociales y salud privados sobre 672.000, no están registrados 349.000 (51,9%) .
A su vez, en 10 provincias del país -la gran mayoría del NOA y NEA- las inscripciones al Renatep (Registro Nacional del Trabajadores de la Economia Popular) que corresponde a trabajadores precarios e informales, superan a los trabajadores asalariados del sector privado registrados. Son Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Catamarca, Tucumán y La Rioja.
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