"La Argentina está acostumbrada a vivir en emergencia”, una afirmación que marca el arranque del 2020. Con la llegada de un nuevo mandato presidencial, era el turno de Alberto Fernández, que se preparaba para iniciar el año bajo la órbita de una nueva Ley que el Congreso promulgó con título de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”. Exponiendo el contexto de dificultades en las cuáles transitaba el país.
Premonitorio: la normativa declaraba el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Parecía que no faltaba nada más.
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Sin embargo, la aparición del coronavirus, una enfermedad que venía azotando a China y parte de Asia primero y a los países centrales de Europa después, se expandía por todo el mundo a gran velocidad. Era cuestión de tiempo que arribara a estas tierras.
De la emergencia a la pandemia: el shock “Covid-19”
Si bien el coronavirus rápidamente tuvo magnitud global, obligando a todas las economías que se vieron fuertemente afectadas a tomar medidas para aminorar el impacto. En pocos países los efectos fueron tan duros cómo en la Argentina.
En economía se suele utilizar el término “trade off ” para expresar el costo-beneficio entre dos acciones o variables, (una a costa de la otra). Básicamente es utilizado para medir el beneficio que obtenemos al adoptar una decisión en lugar de otra.
Partiendo de esta restricción, -se prioriza y se decide perder un beneficio a costa de otro-, las medidas que adoptaron casi la totalidad de los países fueron en línea a reducir la circulación de personas y aplicar distintos niveles de aislamiento de la población para frenar la ola de contagios, atendiendo a la situación de estrés y respuesta de los sistemas sanitarios.
La encrucijada estaba planteada y había que elegir: sin ensayos previos, y con un gran signo de interrogación: ¿a qué costo social y económico se imponía el aislamiento y por cuánto tiempo?
ASPO primero, DISPO después
Argentina venía arrastrando, como de costumbre, fuertes desequilibrios macroeconómicos que debía atender rápidamente, sin embargo, tenía también, un sistema sanitario que bajo ningún aspecto estaba en condiciones de ser testeado.
Para evitar que colapse el sistema de salud obligó a probar un experimento sin precedentes, hace exactamente un año, se decretó una estricta cuarentena, que fue variando de magnitudes con avances y retrocesos bajo modalidades y fases que se fue prolongando hasta el día de hoy.
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En la primera etapa, exceptuando un puñado de 50 actividades consideradas esenciales, todo se paralizó. Cerraron sucursales bancarias, oficinas públicas, comercios y hasta industrias. También la construcción, el transporte, el turismo y los servicios gastronómicos estuvieron suspendidos.
En un ensayo sin antecedentes, por decreto presidencial se estableció la prohibición de despidos y suspensiones, el congelamiento y prórroga de contratos de alquileres, la suspensión de desalojos por falta de pagos, el congelamiento de tarifas de servicios esenciales. Les siguió transferencias directas de dinero, subsidios al trabajo y seguros de desempleo.
El shock Covid-19 implicó para la economía doméstica una combinación poco usual. Una especie de efecto tenaza, con consecuencias adversas tanto del lado de la oferta cómo de la demanda.
Por el lado de la oferta, el shock se reflejó en la restricción de actividades económicas, lo que derivó en una menor producción de bienes. Debido al aislamiento y menos circulación de personas.
A su vez, el shock de demanda significó una pérdida de empleo, caída de ingresos y poder adquisitivo de la población, que redundó en un menor consumo privado que agravó la situación.
El país entró en una especie de loop o círculo vicioso difícil de salir: menos ventas, significó menor nivel de producción; menos oferta de trabajo, menor nivel de empleo e ingresos, que tuvo como resultado un escalón menor de demanda que volvió a impactar de nuevo acelerando el ciclo.
Se dio la peor caída económica desde el 2001. La pandemia generó un deterioro de las cuentas fiscales, con caída impensada del nivel de recursos.
Argentina tuvo que afrontar un cóctel explosivo de déficit fiscal abultado, tasas elevadas de inflación, exceso de circulante, brechas cambiarias, cepos y escasas reservas internacionales, acotado margen de maniobra, sin acceso a los mercados de créditos y una crisis de expectativas que demoró la rapidez de respuestas.
Durante el último año, no hubo una sola variable que no acusara recibo: desde la destrucción de puestos de trabajo, pérdida de ingreso de los hogares y del poder adquisitivo. Caída del consumo masivo y la pobreza.
La pandemia obligó a usar la caja completa de herramientas de políticas económicas para aminorar el impacto social de las medidas de aislamiento.
A pesar de todos los esfuerzos oficiales, no hubo congelamiento, bono IFE, ATP, créditos a tasa cero o programa de estímulo que revierta la ecuación: el efecto cuarentena golpeó con dureza la actividad económica, dejando aun un arrastre muy negativo.
Entre las olas y las vacunas: una economía condicionada
Hace pocos días en una reunión con representantes de fondos de inversión, con el objetivo de mostrar las potencialidades de la economía argentina, el ministro Martín Guzmán aseguró que la Argentina atraviesa una de las recuperaciones más dinámicas de la región y que, como base, crecerá 7% este año. "Junto a esto se está comenzando a ver una recuperación del empleo, y un fortalecimiento de las cuentas públicas" advirtió el ministro de Economía.
Se trata de la primera referencia sobre el crecimiento de la economía argentina que el ministro Guzmán realiza por sobre el 5,5% previsto en el Presupuesto Nacional 2021, y que hasta ahora venía sosteniendo públicamente, junto a otras referencias como la inflación y el déficit fiscal.
El contexto económico está altamente condicionado por la evolución de la situación sanitaria, la incertidumbre a nuevas restricciones, la llegada de vacunas para inmunizar a la población y la reversión de expectativas sobre el rumbo en un año electoral.
Desde el Ministerio de Economía destacan con optimismo que: “ luego de los tres años de recesión la Argentina es la economía que más rápido se está recuperando en todo el continente ”.
El Gobierno había pautado para este año a través del Presupuesto 2021 aprobado por el Congreso un escenario de recuperación del PBI que pase de una caída de 12,1% interanual en 2020 a una suba de 5,5% este año, para luego desacelerar a 4,5% en 2022 y a 3,5% en 2023.
En similar sentido de corrección al alza de las proyecciones, los analistas de mercado consultados mensualmente por el Banco Central (BCRA) estimaron en febrero un crecimiento del PBI real del 6,2%.
De esta manera, todas las estimaciones indican que la economía argentina podría recuperar una parte de la retracción sufrida en 2020 por el impacto del arrastre de la recesión económica de los últimos tres años y el efecto en la actividad de la pandemia de coronavirus.
Sin embargo, de cumplirse, esta proyección de Guzmán dejaría la actividad 3,7% por debajo de fines de 2019 y más de 8% por debajo del cierre de 2017, último año en el que el PBI anual cerró con una suba interanual.
Según las proyecciones del FMI y del Banco Mundial (BM), que prevén una suba menor para 2021, de entre 4,5% y 5%, y otra más moderada todavía para 2022, de las recomposiciones menos dinámicas de la región.
Los datos finales de 2020 serán informados por el Indec el martes 23 de marzo.
Si bien las previsiones iniciales daban por sentado una caída del orden del 12%, la recuperación de los últimos meses abrió la posibilidad de que el retroceso sea menor, del orden del 10%.
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