La crisis institucional que atraviesa Bolivia tras la renuncia de su presidente Evo Morales, el domingo pasado, descerrajó en nuestro país una inesperada y prematura fisura en la coalición Cambiemos entre sus dos principales socios, la UCR y PRO. Mientras el presidente Mauricio Macri y su canciller, Jorge Faurie, se limitaron a expresar su "preocupación" por los acontecimientos políticos que estremecen a la nación vecina, la Unión Cívica Radical salió en bloque a repudiar lo que consideran un "golpe de Estado" provocado por las fuerzas armadas y de seguridad bolivianas, contrariando así la postura oficial y el silencio de los principales referentes de PRO.
Cual Maquiavelo, el presidente electo Alberto Fernández buscó azuzar las diferencias entre sus adversarios al elogiar la postura de los correligionarios radicales y deplorar la pasividad del gobierno macrista. "Me tranquiliza ver que en el oficialismo hay gente con la dignidad democrática de la que otros carecen", escribió Fernández en su cuenta de Twitter. En simultáneo, en la Cámara de Diputados el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, anunció la convocatoria a una sesión especial para mañana con el propósito de repudiar el “golpe de Estado” perpetrado en Bolivia y reclamar que se garantice la "inmunidad física” para el presidente Morales, su vice, Álvaro García Linera y todos los funcionarios bolivianos.
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En contraste con la prudencia exhibida por el gobierno de Macri, Fernández se mostró muy activo desde el primer momento para resguardar la integridad física de Morales y facilitar su salida de Bolivia y, desde ayer, para que ese país convoque a elecciones libres “sin proscripciones”, como camino hacia una normalización institucional. En contacto permanente con la vicepresidenta electa Cristina Fernández -que decidió prorrogar su estadía en Cuba hasta el 17 de este mes-, las gestiones del presidente electo argentino incluyeron dos llamadas a Morales, la última de ellas ayer, y dos contactos telefónicos con Macri, ambos el domingo a la noche.
Al presidente argentino le reclamó que diera protección a los funcionarios bolivianos que acudieran a la embajada argentina en La Paz. El gobierno argentino actuó en consecuencia y ayer le otorgó asilo a dos exministros de Morales, pero se mantuvo firme en su postura y evitó pronunciarse sobre los acontecimientos en el vecino país.
Lo cierto es que la situación en Bolivia colocó en un brete a Cambiemos. El desafío que se había impuesto, tras la derrota electoral del 27 de octubre pasado, de preservar ante todo la unidad de la coalición se vio, súbitamente, puesto a prueba. La crisis boliviana dejó expuestas las diferencias. El radicalismo, un partido cuya historia da cuenta de tres presidentes de su cuño destituidos por las Fuerzas Armadas, no tardó en repudiar lo que a su juicio se trató de un golpe de Estado contra Morales.
"Cuidar la democracia en el continente implica un esfuerzo por calificarla. No a las trampas! No a las injerencias externas! No al Golpe de Estado! Sí al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica", afirmó en un comunicado el Comité Nacional de la UCR que encabeza el mendocino Alfredo Cornejo.
Sin embargo, para el macrismo no hubo formalmente un golpe de Estado por cuanto las fuerzas militares no usurparon el poder. "Para nuestro Gobierno no hay un golpe", sentenció el embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García.
El peronismo apuesta a que estas diferencias de sus adversarios queden al desnudo en la sesión especial de este miércoles. Felipe Solá, diputado y eventual futuro canciller de Fernández, ya comenzó a redactar un proyecto de declaración que, confía, tendrá el apoyo del resto de los bloques de la oposición. En Cambiemos prima la prudencia: los lugartenientes del radicalismo y de PRO saben que están frente a una trampa que les podría costar su frágil unidad interna.
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