El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, avisó a las provincias y grandes municipios que el rechazo del presupuesto 2022 traerá dificultades al país y les sugirió revisar a la baja los cálculos de gastos para el próximo año.
Si bien la recaudación coparticipable se gira de forma automática, argumentó que el Ejecutivo perdió las facultades delegadas que le permitían actualizar las alícuotas de Bienes Personales y diferir el ajuste por inflación en Ganancias. En el primer caso aventuró que las provincias y CABA recibirán 76 mil millones de pesos menos de lo proyectado. Con respecto a Ganancias la caída la estimó en 104 mil millones.
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De inmediato le salieron al cruce el gobernador correntino Gustavo Valdez, el porteño Horacio Rodríguez Larreta y los diputados que responden al cordobés Juan Schiaretti. Lo acusaron de usar un “tono amenazante”, de “intimidar a las provincias” y defender un “proyecto porteño centrista”. En realidad, el gobierno tiene los instrumentos necesarios para reconducir los recursos el próximo año. Puede ser engorroso en términos administrativos, pero no radica ahí el problema de fondo, sino en lo político, porque demuestra que no hay voluntad de diálogo entre oficialismo y oposición; y por el otro porque no pudieron acordar ni el primer paso en un contexto de negociaciones con el FMI, que demanda acuerdos políticos de fondo, y para lo cual se habla planes plurianuales y de un aval legislativo a la reestructuración que se haga, si se hace.
Massa crítico
“Entiendo que el presidente de la Nación deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública de cada provincia”. Lo que el presidente de Diputados está diciendo es que todo lo que se negoció en el Senado y la Cámara baja quedó en el limbo. Y que para que se concrete, gobernadores y eventualmente intendentes deberán hacer fila en la Jefatura de Gabinete a lo largo del año.
En el caso de Santa Fe los efectos son varios. En primer lugar quedaron en entredicho todas las obras públicas que figuraban. No existe documento legal que las garantice, salvo las que ya figuraban en el Presupuesto 2021 y que tiene garantizada la misma partida que este año, pero con 50% de inflación interanual.
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Ese problema golpea, por ejemplo, el emblemático puente Santa Fe-Santo Tomé que por primera vez aparecía presupuestado y permitía iniciar la obra. Sólo un DNU presidencial puede concretar el sueño en 2022. Otro ejemplo es el de aquellas obras a realizarse con financiamiento externo y que por lo tanto requieren un respaldo del Estado nacional que autoriza el Congreso a través de una planilla anexa que se renueva con cada presupuesto anual.
También habrá complicaciones con gastos corrientes que Nación hace en Santa Fe. Por ejemplo, el fondo de transporte es vital para sostener los servicios de pasajeros. En el presupuesto 2021 figuran unos 20 mil millones de pesos. Avanzado el año recibió una ampliación por otros 7 mil millones. El proyecto de presupuesto 2022 contemplaba arrancar en 46 mil millones, pero con el reconducido 2021 en concreto sólo tiene para arrancar 20 mil millones. Para gastar más habrá que ir a discutirlo con el Ejecutivo, que es el que tiene la lapicera en mano porque con esa cifra no se llegará más allá de junio. Lo propio ocurrirá con fondos para educación y salud.
Ahora bien, en su mensaje Sergio Massa hace referencia explícita a “una importante pérdida en el proceso de cumplimiento de pago de las sentencias firmes a favor de Santa Fe y La Pampa”. Sobre este punto cabe decir que el proyecto de Presupuesto tenía un artículo que autorizaba al jefe de Gabinete a disponer las acciones necesarias para pagar. En el gobierno provincial ya habían cantado victoria y calculaban que en marzo, a más tardar abrir, tendrían en su poder los títulos públicos de cancelación. Sin embargo habrá que esperar que el presidente lo haga vía DNU.
Bienes personales, el segundo round
Hay otro aspecto relacionado a la recaudación de los impuestos de Bienes Personales y Ganancias. Massa avisó a los gobernadores que van a perder ingresos. Si bien son aspectos tributarios, estaban colados en el proyecto de presupuesto y se cayeron con él.
Para Ganancias, el presupuesto delegaba en el Poder Ejecutivo la facultad “para aplicar el diferimiento del efecto de ajuste por inflación”. En este caso podría subsanarse con una ley específica. De hecho es lo que se discutirá este martes con respecto a Bienes Personales, debate que pronostica otra tensa jornada en el Congreso.
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La oposición tiene los votos para aprobar la media sanción que vino del Senado que triplica, de 2 a 6 millones de pesos, el mínimo no imponible de Bienes Personales. Lo curioso es que ese proyecto fue presentado por el cordobés del Frente de Todos Carlos Caserio y votado por unanimidad. Es un proyecto simpático y acorde a tiempos electorales, pero negativo desde el punto de vista fiscal.
Por eso el oficialismo abrió negociaciones para ver si la oposición, que es mayoría, además de levantar el mínimo no imponible, accede a renovar la delegación de facultades al Ejecutivo con la cual podría duplicar la alícuota a los bienes radicados en el exterior. Esa facultad el Congreso la concedió en 2019 en el marco de la ley de emergencia económica y por dos años. Al no aprobarse el presupuesto no se renovó, y por lo tanto los bienes radicados en el exterior volverían a la alícuota general, es decir pagarían lo mismo que los bienes radicados fronteras adentro.
Bienes Personales será un buen termómetro político de cómo continuarán las relaciones después de la conflictiva sesión del jueves y viernes pasados. “Ya pasaron el mensaje, ya mostraron que ellos ganaron y nosotros perdimos las elecciones, cumplieron su objetivo. ¿Ahora van a seguir legislando en contra, o vamos a poder construir una agenda de acuerdos?”, afirmó el diputado nacional Germán Martínez ante la consulta de AIRE.
Para el legislador del Frente de Todos por Santa Fe, esto se verificará este martes: “Ahí veremos si insisten con la sanción definitiva del proyecto o si acceden a que, además de levantar el mínimo no imponible, se puedan modificar las alícuotas más altas para que no sea todo costo fiscal. Si no acceden es claro que lo único que buscan es un escenario de confrontación total”.





