¿De quién es la Luna? Las reglas que rigen la exploración espacial y los desafíos de una nueva era
En plena Semana Mundial del Espacio, el regreso de las misiones lunares y la participación de empresas privadas reavivan un debate que comenzó hace casi 60 años: quién puede explorar, instalar bases y aprovechar los recursos de la Luna.
Científicos afirman que podría haber zonas de la Luna donde se concentren elementos raros que no se hayan en la Tierra. También hay metales como el hierro y el titanio, además hay helio. Pero el recurso que más atrae es el agua.
La humanidad se prepara para una nueva etapa de exploración lunar. A diferencia de la carrera espacial del siglo XX, protagonizada principalmente por Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy son cada vez más los países y las empresas privadas que desarrollan tecnologías para llegar al espacio. Sin embargo, detrás de los avances científicos surge una pregunta tan sencilla como compleja: ¿de quién es la Luna?
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La respuesta se encuentra, al menos en parte, en un acuerdo internacional que está próximo a cumplir seis décadas. Se trata del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que entró en vigor el 10 de octubre de 1967 y estableció los principios fundamentales para la exploración y utilización del espacio, incluida la Luna y los demás cuerpos celestes.
El documento vuelve a cobrar protagonismo en un momento en que la NASA impulsa el programa Artemis, con el objetivo de regresar a la superficie lunar y sentar las bases para una presencia humana sostenida. Mientras tanto, otras potencias espaciales también avanzan con sus propios proyectos de exploración.
Un tratado que nació durante la Guerra Fría
En 1967, el ser humano todavía no había pisado la Luna. Faltaban casi dos años para que Neil Armstrong y Buzz Aldrin protagonizaran el histórico alunizaje del Apolo 11, en julio de 1969.
Sin embargo, la comunidad internacional ya había comenzado a preguntarse qué sucedería cuando las grandes potencias lograran alcanzar otros mundos. En plena Guerra Fría, la posibilidad de extender las disputas territoriales y militares más allá de la Tierra representaba una preocupación creciente.
Fue en ese contexto que se firmó el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, considerado la piedra fundamental del derecho espacial internacional.
Su principio más importante es contundente: ningún país puede apropiarse de la Luna ni de ningún otro cuerpo celeste mediante una declaración de soberanía, ocupación o cualquier otro procedimiento.
Esto significa que ninguna nación puede reclamar una porción de territorio lunar como propia, incluso si consigue llegar primero, instalar equipamiento científico o establecer una base permanente.
El tratado también establece que la exploración y utilización del espacio deben realizarse en beneficio e interés de todos los países, independientemente de su desarrollo económico o científico.
Además, prohíbe colocar armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en órbita y exige que la Luna y los demás cuerpos celestes sean utilizados exclusivamente con fines pacíficos. Allí no pueden establecerse bases militares ni realizarse ensayos de armas o maniobras militares.
¿Se pueden instalar bases y extraer recursos de la Luna?
Aunque el tratado impide que los países se apropien de territorios extraterrestres, no prohíbe la instalación de bases destinadas a la investigación científica o a la exploración pacífica.
Esta distinción resulta fundamental para comprender los proyectos que actualmente impulsan las agencias espaciales.
Uno de los grandes intereses científicos y tecnológicos se encuentra en el hielo de agua detectado en regiones lunares, especialmente cerca de los polos. En el futuro, ese recurso podría utilizarse para obtener agua potable, producir oxígeno y generar combustible para misiones espaciales.
La posibilidad de aprovechar recursos naturales abre, sin embargo, un debate jurídico: ¿extraer materiales de la Luna equivale a apropiarse de ellos?
El tratado de 1967 no regula expresamente todos los aspectos de la extracción y utilización de recursos espaciales. Por eso, aunque existe un amplio reconocimiento de la libertad de exploración, persisten diferencias sobre los derechos de explotación, los mecanismos de supervisión y la distribución de sus posibles beneficios.
En otras palabras, el derecho internacional establece que ningún país puede convertirse en dueño de la Luna, pero todavía existen discusiones sobre las condiciones en las que sus recursos pueden ser utilizados.
Los Acuerdos Artemis y las nuevas reglas para explorar el espacio
Ante estos desafíos, en 2020 la NASA, junto con el Departamento de Estado de Estados Unidos y otros países, impulsó los denominados Acuerdos Artemis, del cual Argentina forma parte.
Se trata de una iniciativa de cooperación internacional que busca establecer principios comunes para desarrollar actividades espaciales de manera segura, transparente y pacífica.
A diferencia del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, los Acuerdos Artemis no constituyen un nuevo tratado internacional jurídicamente vinculante, sino compromisos políticos que buscan orientar la cooperación entre sus participantes.
Entre sus principios se encuentran la asistencia a astronautas en situaciones de emergencia, el intercambio de información científica, la preservación de sitios históricos de exploración espacial y la prevención de interferencias entre misiones.
También contemplan la posibilidad de establecer zonas de seguridad temporales alrededor de determinadas operaciones, para evitar accidentes o interferencias perjudiciales. Estas zonas no implican derechos de soberanía sobre el territorio lunar.
¿Qué sucede si dos países quieren explorar el mismo lugar?
La posibilidad de que diferentes misiones coincidan en una misma región de la Luna plantea otro desafío.
Las zonas cercanas al polo sur lunar despiertan especial interés por la presencia de hielo de agua y por las condiciones que podrían favorecer futuras operaciones científicas.
Pero ¿qué ocurriría si dos países decidieran instalar equipamiento o desarrollar actividades en un mismo sector?
El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre establece que los Estados deben tener debidamente en cuenta los intereses de los demás y realizar consultas internacionales cuando una actividad pueda provocar interferencias potencialmente perjudiciales.
Los Acuerdos Artemis buscan desarrollar mecanismos prácticos de coordinación para evitar estos conflictos.
La cuestión adquiere una relevancia creciente porque, a medida que aumente la cantidad de misiones, también podría intensificarse la competencia por determinados lugares de interés científico y estratégico.
La Luna no pertenece a ningún país.
El desafío de las próximas décadas será determinar cómo compartir su exploración, utilizar sus recursos y garantizar que los beneficios de esta nueva era espacial no queden reservados únicamente a quienes tengan la capacidad tecnológica de llegar primero.
