El Gobierno de Santa Fe, luego de una inspección que realizaron funcionarios del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, clausuró dos predios pertenecientes a la firma Nesaglo en la ciudad de Ceres. Esta acción forma parte de un proceso que incluyó inspecciones, toma de muestras de agua, sólido y polvo. En uno de estos predios abandonados, donde funcionaba una fábrica de baterías, se intoxicó con plomo y falleció la beba Xiomara Crespín y tuvieron que ser internados dos chicos más.
En la fábrica abandonada se producían baterías.
"Además, se intimó a la firma a que adopte medidas de seguridad en el inmueble a fin de prohibir el ingreso de la población al mismo y, que presente el plan de cierre correspondiente. Nesaglo era una empresa que se dedicaba a la fabricación de baterías", recordaron desde el gobierno privincial.
El informe elaborado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático determina acciones susceptibles de causar daño ambiental y ausencia de plan de cierre de la firma Nesaglo. Del resultado de las muestras, además, se desprende que el polvo colectado es un residuo peligroso según las normativas vigentes.
Días atrás, en el marco de otro procedimiento de control ambiental realizado en la localidad de Capitán Bermúdez, la ministra Erika Gonnet había resaltado que se está trabajando en “un proceso de cambio rotundo por parte del gobierno provincial, un nuevo plan de control ambiental y de responsabilidad ambiental de las empresas”.
“En el marco de un cambio en materia de control ambiental, desde que tomamos conocimiento de la situación, en 15 días actuamos cumpliendo con nuestras competencias, se realizaron las inspecciones, se tomaron muestras, se esperaron los resultados y se procedió a la clausura. Se inició un proceso sancionatorio y se está analizando la procedencia o no de una denuncia penal contra los titulares de la firma”, adelantó Guillermo Carro, subsecretario Legal y Técnico del ministerio.
El funcionario recordó que desde el ministerio se impulsa la creación del Registro Público de Infractores Ambientales y Reincidentes y el Régimen de Regularización de Multas e Infracciones Ambientales por el que se firmaron 50 convenios con distintas empresas.
Actuaciones conjuntas
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recibió un oficio judicial elevado por la fiscal Silvia Verney en la investigación de un delito ambiental por la intoxicación de una menor que vivía con su familia en las instalaciones de la ex fábrica Nesaglo.
Desde entonces, autoridades y equipos técnicos se pusieron en permanente contacto con el Ministerio Público de la Acusación, a disposición para prestar colaboración con la investigación que ellos llevan adelante; mientras avanzaban las acciones que eran competencias del ministerio.
El proceso incluyó procedimientos y contactos permanentes con la Secretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio Público de la Acusación y la Fiscalía Federal de Rafaela, todos ellos actores que avanzan en distintas líneas de acción e investigación.
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