El narco incorregible que se volvió a fugar a su segunda casa: las islas de Paraguay

Desde el intendente al comisario participaban de un negocio que se había transformado en un emprendimiento muy rentable, en un lugar que sólo subsiste del merchandising de la virgen de Itatí.

Allí nunca se instaló una fábrica ni tampoco se montó algún un desarrollo productivo que aportara opciones para vivir mejor. El contrabando moldeó la vida históricamente en ese pueblo, y también de la otra orilla.

En la última década la marihuana que se produce en Paraguay –segundo productor en América latina- se transformó en una fuente de subsistencia para muchos, entre ellos, para los chicos que hacen de “Biguá”, avisan si hay algún peligro a la hora de cruzar con las lanchas cargadas de marihuana.

Como decía el poeta entrerriano Juan L. Ortíz, en ese “mar oscuro” se ocultan misterios profundos vinculados con el crimen organizado. Morenita manejaba parte del negocio con otros dos pesos pesados de la distribución de marihuana a gran escala en por lo menos siete provincias, como Luis Saucedo y Carlos Bareiro. Los Monos en Rosario, por ejemplo, compraban desde fines de la década del 90 la marihuana paraguaya que entraba a las costas de Itatí.

El día que fue a visitar a sus hijos

En octubre de 2018, Marín era buscado por todo el país. Se pensaba que había cruzado a Paraguay, pero la Gendarmería lo encontró en su casa, a 30 metros del río Paraná, de visita en la casa de sus hijos. Dormía en Itá Corá, del lado paraguayo, y cada tanto, cuando extrañaba a la familia, cruzaba en canoa por las noches, en medio de una oscuridad cerrada. Los que lo veían nunca lo delataban.

Ahora se sospecha que está escondido en un islote paraguayo frente a Itatí, según apuntaron fuentes judiciales a AIRE. En febrero pasado Morenita se volvió a fugar. Este correntino de 34 años, condenado a 18 años por narcotráfico, desapareció de su casa donde cumplía detención domiciliaria en la provincia de Buenos Aires.

Marín estaba dentro del programa de protección de testigos, luego de testificar e involucrar al exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila y el exintendente de Empedrado Juan Faraone, entre otros. Se había asentado en la provincia de Buenos Aires, con su pareja y sus hijos.

Un día avisó que iba al hospital a atenderse de una dolencia por hemorroides y nunca más volvió. Se sospechó en un principio que lo pudieran haber matado o secuestrado, pero después de investigar a su entorno la sospecha más fuerte es que volvió a Corrientes y cruzó a Paraguay.

Morenita declaró a la justicia que le compraba los cargamentos de marihuana a dos paraguayos pesados, con un extenso recorrido en el narcotráfico: los hermanos Hugo y Ariel Arce. Este punto también entra a jugar en su búsqueda. Porque algunas fuentes señalan que los Arce también seguirán su rastro en las islas guaraníes.

Según el expediente de la llamada operación Sapucay, Morenita y sus socios pasaban unas 15 toneladas semanales de marihuana por medio de embarcaciones que cruzaban desde Paraguay y desembarcaban en los amarraderos de Itatí, donde contaban con la complicidad de las fuerzas que debían combatir a los narcos.

Una vez que la droga tocaba suelo correntino, era acopiada en galpones y de ahí, retirada por los compradores, quienes se encargaban de distribuirla en Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Chaco, Tucumán, Rosario, Santa Fe y Santiago Del Estero (desde donde se exportaba a Chile).

Hasta el intendente terminó preso

El 14 de marzo de 2017 unos 200 gendarmes arribaron a Itatí, Corrientes, con más de un centenar de órdenes de allanamiento. El pueblo era un hervidero, sobre todo porque los efectivos se llevaron preso al intendente Natividad Roger Terán y al vice Fabio Aquino, al comisario Diego Alvarenga, al instructor de gendarmería Gabriel Alcaraz, al jefe de la policía federal Rubén Ferreyra, entre otros. Terán fue condenado a tres años de prisión, y en 2019 salió en libertad.

Aquel día sólo los biguás, los pibes que hacían de campana cuando pasaba la marihuana por el río, andaban en sus motos por las calles. Cada engranaje de esa gigantesca maquinaria del contrabando de marihuana había caído, como ocurrió luego con el eslabón que faltaba que era el judicial: el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, considerado una especie de Virrey por décadas en Corrientes, y sus dos secretarios, fueron acusados y detenidos por cobrar sobornos a cambio de dar beneficios judiciales a los integrantes de la banda liderada por Federico Marín, Luis Saucedo y Carlos Bareiro. Soto Dávila y sus secretarios están siendo juzgados. El 31 de mayo próximo tendrán la posibilidad de elegir si deciden aportar sus últimas palabras antes de la condena.

La causa fue compleja y repleta de discusiones. El exmagistrado señala que se trata de law fare. Y que gran parte de la acusación se basó en el testimonio de Marín que logró beneficios a cambio de arrepentirse, como entrar al programa de protección de testigos y cumplir su condena a 18 años en una casa en el conurbano bonaerense. Del otro lado, los fiscales señalan que la prueba es contundente.

La instrucción estuvo a cargo del juez federal N°12 Sergio Torres, quien luego dejó el cargo tras ser nombrado en la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires. Ese juzgado concentró más de 36 expedientes y formó la megacausa Itatí, una de las investigaciones sobre narcotráfico más grandes de la historia argentina, con 116 personas imputadas.

La amplia difusión en los medios que tuvieron los operativos para detener a los políticos y efectivos de fuerzas de seguridad provinciales y federales fue inversa a la hora de las condenas de una parte de los acusados en junio de 2019.

Las altas expectativas que se originaron con esta causa se desinflaron drásticamente a la hora del juicio de una megacausa que parecía que metía un cuchillo en el entramado narco que se tejió en Itatí a lo largo de los años, y que se sustentó no sólo en las ventajas geográficas de tener frente al río Paraná al mayor productor de marihuana de Sudamérica, como es Paraguay, sino también en la solidez de las complicidades que abarcaban a todos los jugadores.

Todos los políticos quedaron libre tras un juicio abreviado

Después de sellar acuerdos de juicio abreviado, todos los políticos quedaron libres. Terán y Aquino salieron en libertad en setiembre de 2019, tras firmar una condena consensuada a tres años de prisión. Y Juan Faraone, ex intendente de Empedrado, recuperó la libertad en la segunda semana de diciembre de ese año después de acordar una pena a tres años de prisión.

La hija del ex intendente de Itatí Mariela Terán y su ex pareja Ricardo Piris también acordaron sus condenas, pero más severas. La mujer, que está con detención domiciliaria y podría quedar en libertad los próximos días, recibió una condena de cuatro años y Piris de ocho años y seis meses, debido a que la pena se unificó con otra condena.

Ambos admitieron ser responsables del traslado de 326 paquetes de marihuana en un vehículo Volkswagen New Beetle, que el 25 de octubre de 2014 fue encontrado en un camino rural de Itatí.

En cambio, la hija del ex intendente de Empedrado Agustina Sigel, quien es gendarme, fue absuelta junto Cristian Puyol. Sigel fue procesada por ocultar al líder de la banda Federico Marín -quien fue condenado a 12 años de prisión tras acordar un juicio abreviado-, tras un enfrentamiento que sus propios compañeros de la fuerza en octubre de 2016 en la capital correntina. Su voz aparecía en escuchas telefónicas que estaban dentro de 4000 CD que nunca investigó Soto Dávila.

Luego, comenzó el juicio contra los funcionarios judiciales y políticos acusados. En marzo pasado el fiscal federal Carlos Schaefer pidió que Soto Dávila sea condenado a 15 años de prisión por considerarlo jefe de una asociación ilícita que le cobraba coimas a narcotraficantes que investigaba para beneficiarlos con resoluciones judiciales. El fiscal, junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), concluyó su alegato en el juicio oral en el que también pidió condena para otras seis personas, entre ellos dos secretarios judiciales del ex magistrado y un ex intendente.

Schaefer acusó a Soto Dávila de ser el jefe de una asociación ilícita, de ocho casos de cohecho pasivo agravado (haber cobrado coimas) y de nueve casos de prevaricato, que es dictar sentencias contrarias a derecho. Además de la pena de prisión, solicitó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 75 mil pesos. “La sociedad está reclamando justicia en los casos de narcotráfico. Nosotros le decimos al tribunal: es justicia o corrupción. A eso le voy a agregar es justicia o es delincuencia, es justicia o narcocriminalidad, es justicia o narcotráfico para este país”, dijo Schaefer al cerrar su alegato junto con los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

La fiscalía también pidió que sean condenados dos secretarios judiciales de Soto Dávila: Pablo Molina a 12 años de prisión y Federico Grau a nueve años y seis meses. Lo mismo para tres abogados: Duylio Horacio Barboza Galeano a ocho años de prisión de prisión, Gregorio Humberto Giménez a siete años y Alfredo Viglione a cinco años. Por último, dos años y cinco meses de prisión para Juan Manuel Faraone, ex intendente de la ciudad de Empedrado.

Aníbal Ibarra, abogado de Federico Grau, secretario del juzgado federal, argumentó que hubo un “arrepentimiento guionado” de Morenita. El letrado señaló que el Ministerio Público tendría algún tipo de “connivencia” con Marín.

“Ellos hicieron un ‘arrepentimiento guionado’ porque necesitaban a alguien que diga algo en contra de Soto Dávila, Grau y Molina. Ante esta situación vino Marín, quien negoció. Negoció la libertad de Lourdes Alegre y la impunidad en esta causa, a pesar de que era un falso confeso. Ni lo imputaron ni tampoco lo procesaron, cuando supuestamente era un jefe narco que estaba reconociendo, supuestamente, su papel en la causa”, destacó Ibarra.

Morenita decidió fugarse antes de que se conozca el veredicto. Nadie entiende por qué desapareció, porque si cumplía con la detención domiciliaria en cuatro años quedaría en libertad. Si es recapturado volverá a la cárcel, pero con Marín el futuro es incierto.