El presidente Alberto Fernández y el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos salieron este miércoles a criticar a la justicia por la liberación de miembros de revolución federal, acusados por amenazas e instigación al asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. A través de sus redes sociales, el mandatario nacional expresó que “una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional.
“Pareciera que, lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación”, advirtió.
En otro tramo de la publicación, el presidente recordó que “los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron” y aseguró que “solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del expresidente Mauricio Macri, que ordena a los Consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad”.
Alberto Fernández llamó la atención de la Corte Suprema. “Debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo. Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura”, lanzó.
El bloque de diputados del Frente de Todos expresó su repudio por la decisión de la Sala I de la Cámara Federal. Los legisladores ponen el foco en que la liberación se da pocos días después de que se conociera públicamente que un sector de la oposición podría haber tenido conocimiento previo de las intenciones de atentar contra Cristina Kirchner. Además, recordaron que hay vínculos “económicos/laborales” entre miembros de revolución federal y la familia Caputo.
"El 1° de septiembre de 2022 hubo un intento de magnicidio en la Argentina que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias", destacó el bloque oficialista.
Agregó que "desde el Bloque de Diputadas y Diputados Nacionales del Frente de Todos le exigimos al Poder Judicial en su conjunto que haga honor a su nombre y cumpla su papel para esclarecer el hecho más grave sucedido en casi 40 años de democracia en la Argentina".
En esa línea, la bancada del oficialismo apuntó que "la liberación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile ocurre apenas una semana después de revelaciones de posible conocimiento del atentado por parte de sectores de la oposición, y en plena conciencia de que este grupo ultraderechista contó con financiamiento de más de 13 millones de pesos por parte de un fideicomiso de la firma 'Caputo Hermanos SA', propiedad del exministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, Luis Caputo", agregó.
En ese sentido, el bloque del FdT expresó que "en vez de profundizar en las pistas políticas y financieras, los jueces deciden otorgar la libertad considerando que no hay riesgo de fuga o alteración de la causa. Le restan gravedad al asunto, acotan la investigación y aíslan elementos claramente vinculados".
En esa línea, la bancada afirmó que "tampoco es casual la absoluta irregularidad con la que se encuentra actualmente conformada la Sala I. Se han cumplido dos años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo reconociendo la ilegalidad con la que Bruglia y Bertuzzi ocupan sus cargos y casi uno desde que el Consejo de la Magistratura elude el tratamiento de los dictámenes para nombrar sus reemplazos".
Subrayó que es el "mismo Consejo presidido por el Presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que se autodesignó en ese cargo reponiendo una ley derogada por nuestro Congreso hace más de una década".
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