Alberto Fernández derogó este viernes, mediante el decreto 138/2021, el anterior DNU del gobierno de Mauricio Macri que imponían controles más estrictos para la política migratoria. Cambiemos había establecido más rigurosidad en el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y agilización en la expulsión de inmigrantes que cometían delitos en Argentina.
Desde el oficialismo afirman que aquella modificación no mostró "mejoras ponderables" ni es "conciliable con la Constitución".
La gestión de Macri indicaba que había un incremento de las personas con nacionalidad extranjera bajo custodia de los diversos servicios penitenciarios, motivo por el cual impulsaron los cambios. En el período 2016-19 se expulsaron más de 3 mil extranjeros. Con la asunción del Frente de Todos, diferentes organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional, entre otras, solicitaron a Fernández la derogación de la medida.
“Se observan diversos aspectos de fondo en dicho decreto que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar: la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan”, señala el decreto en uno de los primeros considerandos al explicar el por qué de la decisión.
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Esta medida deja sin efecto el decreto 70/2017 firmado por Macri, que acortaba los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales. Esa misma norma también instituía condiciones más rígidas en relación con las causas que podían impedir el ingreso y permanencia de extranjeros en la Argentina cuando estuvieron condenados o contaran con antecedentes penales.
“Cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”, agregaron.
Decreto migratorio del gobierno de Mauricio Macri
En enero de 2017, la gestión de Mauricio Macri creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” que tenía como objetivo negar el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y expulsar a los inmigrantes que cometieran delitos en el país con mayor velocidad. Por aquel entonces, se argumentó que cada el Estado “tenía la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”.
Antes de la modificación de Macri, la Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años -en el caso de los residentes-, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes. El decreto de Cambiemos amplió la posibilidad de realizar el trámite de expulsión ante cualquier delito con pena de prisión. Para los no residentes, solo restaba un procesamiento firme sin ser necesaria la condena.
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La ministra Alcorta habló al respecto: "La política migratoria vuelve a ser un faro"
La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, celebró hoy la derogación del decreto emitido durante el macrismo que modificaba la ley de migraciones, al remarcar que "la política migratoria Argentina vuelve a ser un faro y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes. Hoy es un día de celebración. El Presidente de la Nación @alferdez derogó el Decreto 70/17 y la política migratoria argentina vuelve a ser faro y garantía del ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes", escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.
En el mismo sentido añadió que "la Ley de Migraciones N° 25.871 es una ley de avanzada que implicó un paso trascendental en el reconocimiento de derechos de los migrantes en nuestro país y por la que la República Argentina fue reconocida a nivel regional y mundial".
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"Este decreto que hoy se derogó reformaba, de manera inconstitucional, la Ley de Migraciones. Fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos en Argentina y por organismos internacionales. También en causas individuales y procesos judiciales colectivos", aseguró la funcionaria. En ese marco, finalizó: "Hoy, Argentina vuelve a estar a la vanguardia con su normativa migratoria. Hoy, estamos más cerca de la Patria Grande que soñamos y para la que tanto trabajamos de manera colectiva, para garantizar la libertad de nuestros pueblos".
