Este sábado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que son 23 los muertos y 715 los heridos que dejaron las protestas y represión por la crisis institucional y política que atraviesa Bolivia.
El gobierno interino de Bolivia afirmó este domingo que está dispuesto a dialogar con los simpatizantes del ex presidente Evo Morales para desactivar el conflicto.
Sin embargo, el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, exigió el "repliegue" de las Fuerzas Armadas como condición para conversar.
El gobierno interino de Bolivia afirmó este domingo que está dispuesto a dialogar con los simpatizantes del ex presidente Evo Morales para desactivar el conflicto.
El ministro de gobierno, Arturo Murillo, sostuvo que hoy había bajado a la mitad la "intensidad" del conflicto y advirtió el gobierno iniciará acciones legales contra legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Morales) que inciten a la violencia.
Indicó que las protestas "han bajado 50% de intensidad", aunque todavía estaban "registrándose algunos enfrentamientos en Sacaba (departamento Cochabamba), si bien "disminuyendo la intensidad" de ellos, y permanecían abiertos focos de conflicto en El Alto y en Yapacaní (Santa Cruz).
La supuesta disminución de las protestas se debe a que muchos simpatizantes de Morales "se están dando cuenta de que están siendo engañados", explicó Murillo en conferencia de prensa en Santa Cruz de la Sierra, a unos 855 kilómetros al sudeste de La Paz.
"Los duros dirigentes están matando a los pobres campesinos, a los que les dicen que les vamos a quitar la coca, que les vamos a quitar sus casitas que les ha dado el ex presidente Morales, pero nosotros no vamos a permitir aquello", subrayó el funcionario, según el diario cruceño El Deber.
Muchos simpatizantes de Morales "se están dando cuenta de que están siendo engañados", explicó Murillo.
Además, aseguró que el gobierno comenzará a perseguir penalmente a un grupo de legisladores del MAS por incitar a la violencia.
Mientras tanto, el gobierno interino evitó pronunciarse sobre el ultimátum que los cocaleros de la región cochabambina de Chapare -donde surgió Morales como dirigente sindical- dieron el sábado a la noche para que Áñez renuncie a más tardar en 48 horas.
En Sacaba, durante el velatorio de cinco de las víctimas de las protestas, los cocaleros advirtieron que si Áñez no dimite, realizarán un bloqueo nacional de rutas por tiempo indefinido, según El Deber y la agencia ANSA.
Paralelamente, otros grupos afines a Morales planean cercar completamente La Paz y El Alto mediante el bloqueo de sus accesos, e impedir su abastecimiento como forma de presión para lograr la renuncia de Áñez, según revelaron dirigentes no identificados al diario paceño Página Siete.
"A La Paz no tiene que llegar ni un grano de comida; se ha prohibido a los productores que saquen comida de sus chacras; es preferible que se pudra, que dar comida a los k'aras (blancos)", dijo un dirigente campesino.
Por otra parte, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, afirmó que el polémico decreto que exime de responsabilidad penal a efectivos de las Fuerzas Armadas en relación con la represión de las protestas "de ninguna manera se transforma en una licencia para matar".
"Es un elemento disuasivo, porque lo que pretende el gobierno es sencillamente evitar la confrontación, lo que pretende es evitar que existan más muertes y, sobre todo, (pretende) que la paz social se restablezca en nuestro país", dijo Justiniano anoche, en conferencia de prensa.
Ese decreto fue duramente cuestionado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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