Fuentes judiciales indicaron que Torres pidió a la Secretaría General de Presidencia se informe el detalle de los viajes realizados por el presidente Macri y otros funcionarios del Gobierno desde el 10 de diciembre de 2015 a la actualidad en la flota presidencial o bien aviones de empresas privadas.
La investigación apunta a determinar si se habría beneficiado a Avianca, empresa que en 2016 adquirió la firma Macair Jet, del grupo Macri. También se investiga si la firma Fly Bondi, que recibió rutas aéreas low cost por parte del gobierno está relacionada con Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete, también imputado en el caso.
Lo procedimientos los llevó a cabo la Policía Federal en distintos organismos, entre ellos la Inspección General de Justicia.
En la causa se investigan numerosos hechos, entre ellos la contratación del Estado de empresas aéreas para viajes presidenciales, en supuesta violación a la modalidad que establecen las leyes: la venta de la empresa Macair Jet S.A, que era de la familia Macri, y el posicionamiento en el mercado local de Avian Líneas Aéreas.
También se investiga la asignación de rutas aéreas operadas por Aerolíneas Argentinas a Fly Bondi Líneas Aéreas, y la compra de una nueva flota presidencial sorteando la modalidad establecida por ley para la contratación.
El magistrado requirió que la Secretaría General de Presidencia también informe sobre la licitación pública destinada a la contratación de un servicio de transporte aéreo interno para viajes protocolares o institucionales.
Las ordenes de presentación también son en Aerolíneas Argentinas y además se pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) informes sobre la composición societaria de la firma Sol Líneas Aéreas. También al titular del organismo regulador del sistema nacional de Aeropuertos que informe si Avian Líneas Aéreas ha requerido la asignación de hangares en el Aeroparque Jorge Newbery, y a Aeropuertos Argentina 2000 sobre la cancelación de la deuda por parte de las empresas Macair Jet S.A y Baires Fly S.A.
El fiscal Jorge Di Lello, que hizo en su momento las imputaciones, describió una serie de maniobras -entre ellas el otorgamiento de rutas aéreas- presuntamente destinadas a beneficiar a AVIANCA, empresa que en 2016 adquirió la firma Macair Jet, propiedad del grupo económico liderado por Franco Macri.
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