Redacción Aire Digital
La política peruana quedó sumergida en un estado de incertidumbre total. La larga y tensa jornada del lunes dejó las venas abiertas –como profesaba Galeano- tras la decisión del presidente del país, Martín Vizcarra, de disolver el Congreso.
Lo hizo en una medida apoyada por la cúpula militar, gobernadores, alcaldes y, por sobre todo, gran parte de la población. Tras disolver el Parlamento unicameral, controlado por la oposición fujimorista, Vizcarra anunció la convocatoria a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020 –en sintonía al plazo que establece la Constitución.
En respuesta inmediata, el Congreso votó suspender al mandatario de sus funciones por 12 meses y juramentó como jefa de Estado interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Sin embargo, la inestabilidad reinó durante las próximas 24 horas: el mismo martes la recién juramentada Aráoz presentó su renuncia, tanto a la Vicepresidencia como a la posición de jefa interina del Gobierno.
El escenario del país andino es el de una de las mayores crisis institucionales en toda su historia. La situación ha sido replicada por distintos medios internacionales y la sociedad peruana se pregunta: ¿quién gobierna? ¿hay o no hay Parlamento? ¿Cómo se forma el Tribunal Constitucional? ¿Deberían intervenir organismos internacionales? ¿Cómo se relaciona con las causas de corrupción de la clase dirigente?
Un breve repaso de cómo se llegó hasta la coyuntura actual.
Los cruces entre el Ejecutivo y el Parlamento
De acuerdo al decreto firmado por el propio Vizcarra y publicado el 30 de septiembre, la decisión de disolver el Congreso fue a causa de que este habría vuelto a rechazar la “cuestión de confianza”.
Lo mismo había sucedido en el año 2017 y es por ello que el mandatario se fundamentó en el artículo 134 de la Constitución. Allí se establece que si la negativa parlamentaria ocurra contra dos Gabinetes del mismo Gobierno, el Ejecutivo tiene la potestad de suspender las funciones de aquel establecimiento y sus legisladores.
CRISIS EN PERÚ | Se registran enfrentamientos entre la policía y manifestantes tras la disolución del congreso por parte de Martín Vizcarra y el nombramiento de Mercedes Aráoz como presidenta interina de ese país #AlLiceoConAlegría pic.twitter.com/FKQ8eAUqlv
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 1 de octubre de 2019
¿Qué es la “cuestión de confianza”? Es un mecanismo presente en varios países democráticos donde la Presidencia solicita al Congreso su respaldo para implementar alguna medida en puntual. En el caso de Perú, el oficialismo era partidario de que el sistema para la elección de jueces en el Tribunal Constitucional era poco transparente. Es por ello que solicitaron la “confianza” de los legisladores para impulsar una reforma en el proceso de selección.
Las aguas se revolvieron aún más cuando mientras el Gobierno proponía suspender la elección de seis jueces, el Congreso continuaba con la votación para nombrar a nuevos funcionarios en el Tribunal Constitucional. De ahí que el Ejecutivo interpretara que su pedido de confianza no fue oído.
De esa manera Vizcarra anuló el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias en enero para reemplazar las bancas hasta julio del 2021, cuando finaliza su mandato.
El juramento y la renuncia de Mercedes Aráoz
Mientras Martín Vizcarra anunciaba la medida, legisladores atendieron inicialmente el pedido de confianza. Pero con el correr de las horas, decidieron suspender al jefe de Estado por un año y en su lugar juramentó la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como “interina”.
La decisión del día martes duró poco. Apenas transcurridas unas horas, Aráoz no solo renunció a la Vicepresidencia (que ocupaba desde juliode 2016) sino también rechazó reemplazar a Vizcarra. En Perú, el cargo de “usurpación de función pública” puede castigarse con la prisión.
A través de una carta difundida en su cuenta de Twitter, la funcionaria se dirigió al titular del disuelto Parlamento, Pedro Olaechea, para informarle sobre su renuncia irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta de la República.
He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta Constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. pic.twitter.com/c4tz4tnzMw
— Mercedes Aráoz (@MecheAF) 2 de octubre de 2019
Mercedes Aráoz dijo que su dimisión se debe a que “se ha roto el orden constitucional” en el país y agregó que espera que su decisión “conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo”.
Aráoz justificó su decisión a raíz de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este martes al Tribunal Constitucional peruano a dirimir si la decisión de Vizcarra se ajusta a la carta magna, en vez de intervenir en la controversia.
¿Cómo se llegó a la coyuntura actual?
Tras las elecciones generales del 2016, el Parlamento quedó dominado por el partido fujimorista Fuerza Popular y la Presidencia en manos de Pedro Pablo Kuczynski. Fuerza Popular utilizó su poder en la cámara para presionar al Gobierno y para intentar “gobernar desde el Legislativo”, lo que suscitó el rechazo de la población.
El escándalo internacional de corrupción de la constructora Odebrecht en el país terminó por costarle el cargo a Kuczynski y llevó a la asunción de su vicepresidente Vizcarra. Fue él quien asumió como misión principal enfrentar la corrupción que afecta gravemente a todo el país.
Martín Vizcarra se encargó de promover durante estos meses reformas que lo llevaron a enfrentarse al Congreso. Ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores quedaron bajo la lupa, acusados de recibir sobornos de Odebrecht.
Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992. En ese entonces, el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio lo que fue calificado como un “autogolpe” y asumió plenos poderes con apoyo de los militares, intervino la justicia y censuró a los medios de comunicación. En aquel año, además, la Constitución vigente de 1978 no establecía la posibilidad del cierre del Parlamento, que estaba compuesto por dos Cámaras, Diputados y Senadores. Ahora, en cambio, Vizcarra invocó la Constitución de 1993 para dar este paso.
Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo a la ley.
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