El Congreso posterga definiciones clave sobre retenciones al agro
El plan de trabajo, impulsado por el radical Atilio Benedetti, apuntó a elaborar un dictamen en base a 2 de los 7 proyectos existentes: uno que encabeza el santafesino Luciano Laspina (Juntos por el Cambio) y otro del cordobés Carlos Gutierrez (Encuentro Federal). El objetivo era mantener las alícuotas actuales hasta diciembre de 2025 —evitar la suba en julio, tras la reducción transitoria que dispuso por decreto el Ejecutivo— y aplicar una reducción mensual a partir de enero de 2026, con la meta de eliminarlas completamente en un plazo de cinco años.
Se trata de la primera vez en más de 15 años que el Congreso se dispone a debatir en profundidad una modificación estructural de los DEX por vía legislativa. Sin embargo, el anhelo de alcanzar un dictamen de mayoría no pudo concretarse, y la comisión acordó postergar el tratamiento por al menos una semana más. “Es un tema recurrente y hay que darle una solución”, sostuvo Benedetti.
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En una reunión con asistencia casi perfecta, los posicionamientos políticos mostraron fisuras y estrategias contrapuestas.
Retenciones y agro: los argumentos que dividieron a los bloques en el Congreso
En una reunión con asistencia casi perfecta, los posicionamientos políticos mostraron fisuras y estrategias contrapuestas. Desde el bloque PRO respaldaron la iniciativa de reducción gradual, destacando la necesidad de previsibilidad para el agro. “Sin lugar a dudas el aumento de la superficie cultivada tendrá una incidencia positiva en las arcas del Estado”, argumentaron desde ese espacio, aunque reconocieron la importancia de analizar con cuidado el impacto fiscal de la medida.
La sorpresa llegó con el posicionamiento de La Libertad Avanza, que lejos de apoyar el proyecto —como se esperaba de un gobierno que prometió eliminar retenciones durante la campaña— se mostró escéptico. Afirmaron que la discusión estaba “contaminada por la coyuntura electoral” y sostuvieron que “la estabilidad que necesita el campo se logra con un plan económico estratégico y no con medidas aisladas”. La postura refleja la tensión interna entre las promesas de desregulación y la necesidad de sostener ingresos fiscales ante un fuerte ajuste presupuestario.
En cambio, bloques como la Coalición Cívica, Encuentro Federal y sectores de la UCR acompañaron la propuesta, apuntando que Argentina “es uno de los pocos países que aplican retenciones” y que “el estancamiento productivo” se debe, en parte, a la falta de certidumbre fiscal. “Se busca una baja para darle certezas a un sector que no la tiene”, remarcaron.
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Desde Unión por la Patria, el tono fue más crítico. Consideraron que el debate era apresurado y poco serio. “Necesitamos más tiempo para que esto no sea una puesta en escena para la tribuna electoral”, advirtieron. Además, propusieron alternativas como la segmentación de la producción y una estacionalidad en la aplicación de los beneficios, lo que abriría la puerta a un enfoque más progresivo o focalizado según el tamaño o tipo de productor.
Trigo en riesgo: la falta de definiciones en el Congreso genera alarma en el agro
La falta de acuerdos derivó en una postergación del dictamen. Según la Fundación Barbechando, que monitorea el trabajo legislativo vinculado al agro, el debate ocurre en un momento especialmente delicado: “Nos encontramos en la previa a la siembra de trigo y gran parte de los cultivos ya se encuentran en una situación de rentabilidad negativa, profundizada por la reciente unificación del tipo de cambio”, señalaron en un comunicado. La entidad advirtió que las decisiones que se tomen ahora pueden “marcar un antes y un después para la campaña y la sustentabilidad del sistema productivo”.
En ese marco, Barbechando reiteró que los cambios tributarios deben establecerse por ley, dentro del Congreso, para dar certidumbre de largo plazo al campo. La organización celebró la apertura del debate, pero advirtió que la urgencia del contexto productivo, especialmente en la región triguera, no permite demoras indefinidas.
El próximo encuentro de la Comisión de Agricultura será clave para saber si los legisladores logran encontrar un texto común o si las retenciones seguirán siendo, una vez más, materia de decisión ejecutiva en lugar de política de Estado.
