La diputada nacional del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, presentó un proyecto para modificar la ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con el objetivo de brindar herramientas a las víctimas de violencia de género y ayudarlas a transitar el proceso judicial.
La ley busca dejar de lado la revictimización post denuncia de las mujeres que padecen la violencia de género.
La iniciativa prevé incorporar a dicha ley un artículo 26 bis para liberar a la víctima de violencia de género de la carga de notificar al agresor de las medidas preventivas urgentes dispuestas por los jueces, dejando dicha responsabilidad al Poder Judicial.
"Actualmente, cuando la justicia dicta una perimetral, es la víctima la que tiene que ir a la comisaría a decirles 'hay una perimetral, actúen'. Son procesos que están viciados", expresó Álvarez Rodríguez en un comunicado.
Para la diputada nacional, esta práctica expone a las mujeres a situaciones de revictimización en sede policial, donde en ocasiones reciben un trato inadecuado o se minimiza la violencia de género. "Es esto lo que debemos cambiar y, por eso, proponemos que la notificación sea una carga del Poder Judicial y no quede sobre los hombros de la mujer que denuncia un hecho o situación de violencia", aseveró.
El proyecto también dispone modificar el artículo 32 de la ley, que es aquel que contempla las sanciones al agresor que incumple las medidas preventivas o de protección. Con esta modificación, ante la denuncia de la víctima por el incumplimiento de la o las medidas dispuestas, los jueces estarán obligados a reverlas, modificándolas o ampliándolas con el fin de asegurar protección a la mujer.
En este sentido, frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, los jueces deberán proveer un sistema de monitoreo, alerta y localización georreferenciada.
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Además, a través del proyecto, se incorporan una serie de sanciones destinadas a compeler al agresor a cumplir con las medidas dispuestas, como la retención de la licencia de conducir, el pasaporte, la prohibición temporal de ingreso al club de interés del agresor y/o a eventos sociales o la realización de trabajos comunitarios.
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