Un salteño demandó a AstraZeneca y al Estado por $191 millones: asegura que quedó con graves secuelas tras vacunarse contra el Covid
Un hombre de 34 años aseguró que sufrió graves problemas de salud luego de recibir dos dosis de AstraZeneca en 2021. La Justicia deberá determinar si existe un vínculo causal.
Un salteño demandó a AstraZeneca y al Estado por $191 millones por daños que atribuye a la vacuna contra el Covid.
Un hombre de 34 años, oriundo de Salta, presentó una demanda contra AstraZeneca S.A. y el Estado nacional por más de $191 millones, al atribuir una serie de problemas de salud a las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 que recibió en 2021.
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Se trata de Emanuel Alejandro Ocaña Francia, quien inició una acción judicial por daños y perjuicios y reclamó una indemnización por incapacidad sobreviniente, daño moral y daño emergente. Además, solicitó un daño punitivo contra la farmacéutica y, de manera subsidiaria, pidió acceder al Fondo de Reparación Covid-19 previsto en la Ley 27.573.
Según la demanda, Ocaña recibió la primera dosis de AstraZeneca el 17 de junio de 2021 y la segunda el 29 de agosto de ese año, ambas en establecimientos sanitarios de Salta. El hombre sostuvo que posteriormente comenzó a atravesar distintos problemas de salud, entre ellos episodios convulsivos y alteraciones cardiovasculares, renales y neurológicas que derivaron en internaciones y tratamientos.
Los problemas de salud que menciona la demanda
La presentación judicial atribuye a las vacunas distintos diagnósticos que figuran en la documentación médica incorporada al expediente, entre ellos síndrome antifosfolipídico, plaquetopenia severa, enfermedad renal, trombocitopenia y secuelas neurológicas.
Uno de los documentos aportados corresponde al Hospital San Bernardo, donde Ocaña permaneció internado en octubre de 2022. Allí se consignaron antecedentes de múltiples episodios convulsivos tonicoclónicos generalizados y una hipertensión arterial severa de reciente diagnóstico.
También se indicó que una resonancia magnética cerebral mostró lesiones interpretadas como isquémicas subagudas y lesiones cavitadas en ambos hemisferios cerebelosos.
En noviembre de 2023, el demandante ingresó al Hospital Italiano de Buenos Aires para realizar estudios y evaluar alternativas terapéuticas. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, durante esa etapa recibió diagnósticos de síndrome antifosfolipídico y plaquetopenia severa, además de alteraciones de la función renal y antecedentes de epilepsia asociada a lesiones encefálicas.
Cuánto reclama el hombre a AstraZeneca y al Estado
La demanda estableció distintos rubros indemnizatorios y fijó un reclamo total de $191.066.282,99.
Entre los conceptos reclamados se encuentran una indemnización por incapacidad sobreviniente, $28 millones por daño moral, $700.000 por daño emergente y más de $50 millones en concepto de daño punitivo contra AstraZeneca.
Además, de manera subsidiaria, Ocaña solicitó acceder al Fondo de Reparación Covid-19, establecido por la Ley 27.573, por un monto que calculó en $63.817.680 al momento de presentar la demanda.
La presentación también incorporó un análisis médico-legal particular realizado en noviembre de 2024, en el que se habría determinado una incapacidad del 70%. Ese porcentaje forma parte de la prueba presentada por el demandante y deberá ser evaluado durante el proceso judicial.
La Justicia deberá determinar si la vacuna causó las enfermedades
El principal punto que deberá resolver la Justicia será establecer si existe una relación causal entre las vacunas de AstraZeneca y las patologías que presenta Ocaña.
Para ello, la parte demandante solicitó una pericia médica oficial que determine las enfermedades y secuelas, el grado de incapacidad y si existe un vínculo causal entre esos cuadros y la vacunación contra el Covid-19.
También pidió que los especialistas establezcan si las patologías son compatibles con efectos adversos conocidos de la vacuna.
Por el momento, la relación entre las dosis recibidas y los problemas de salud denunciados es una afirmación de la parte demandante y no una conclusión judicial ni médica oficial. La existencia o no de ese vínculo deberá determinarse a partir de las pruebas y pericias que se realicen durante el proceso.
