Presos reclamaron más carne en Chubut y un juez ordenó mejorar las viandas en 72 horas
Internos del IPP y la Alcaidía de Trelew iniciaron una protesta por la alimentación. La Justicia ordenó incorporar carne y más proteínas a las viandas.
Internos del Instituto Penitenciario Provincial y de la Alcaidía de Trelew comenzaron una huelga en reclamo de mejoras en la calidad de las viandas.
Los internos del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y de la Alcaidía de Trelew, en Chubut, profundizaron una protesta por la calidad de los alimentos que reciben y reclamaron más carne y comidas con mayor contenido de proteínas.
Te podría interesar
El planteo llegó a la Justicia y derivó en una medida concreta: durante una audiencia, el juez Marcelo Nieto Di Biase intimó al Gobierno provincial a avanzar con la compra de carne roja para mejorar las viandas destinadas a los establecimientos penitenciarios.
La protesta de los internos está vinculada principalmente con la composición de las viandas diarias. Entre los pedidos se encuentra la incorporación de una mayor cantidad de carne y otros alimentos ricos en proteínas.
Según lo expuesto durante la audiencia judicial, la alimentación adquiere especial importancia en el caso de internos que atraviesan tratamientos médicos o necesitan dietas específicas.
La medida judicial estableció un plazo de 72 horas para concretar la compra de carne roja, con el objetivo de que pueda ser incorporada a las comidas que reciben los presos del IPP y de la Alcaidía de Trelew.
La respuesta del Gobierno de Chubut
Desde el Ministerio de Seguridad de Chubut señalaron que el proceso administrativo para adquirir la carne ya se encontraba iniciado.
Sin embargo, las demoras en el procedimiento de compra habían generado mayor malestar entre los internos y terminaron profundizando la protesta por las condiciones de alimentación.
En ese contexto, la intervención de la Justicia estableció un plazo concreto para avanzar con la adquisición de los alimentos y mejorar la composición de las viandas.
La situación continuará bajo seguimiento judicial, mientras las autoridades provinciales deberán avanzar con el proceso de compra dispuesto durante la audiencia.
