La iniciativa fue firmada por Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Sergio Palazzo (Unión por la Patria) y Juan Manuel López (Coalición Cívica). El texto pone el foco en la vulnerabilidad de periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa, quienes muchas veces desarrollan su labor sin respaldo institucional.
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“Muchos periodistas trabajan en condiciones de riesgo y con escasa protección frente a represalias. Este proyecto busca prevenir ataques y garantizar un entorno seguro y libre para el ejercicio profesional”, señala el documento.
Los puntos clave del proyecto
El objetivo central es prevenir y sancionar cualquier forma de agresión, intimidación o censura hacia los trabajadores de prensa. Entre sus medidas más destacadas se incluyen:
- Proteger la libertad, seguridad e integridad de periodistas, fotorreporteros y demás trabajadores del sector.
- Asegurar el respeto al secreto de las fuentes y proteger sus apuntes, archivos y materiales de trabajo.
- Investigar y sancionar ataques, amenazas y hostigamientos, tanto en forma física como digital.
- Garantizar la cobertura periodística en manifestaciones públicas, sin detenciones, agresiones ni restricciones arbitrarias.
- Prohibir a las fuerzas de seguridad obstaculizar el registro de imágenes o testimonios, salvo orden judicial.
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El fotógrafo recibió un proyectil en la cabeza durante la marcha de los jubilados
Responsabilidad estatal
El proyecto sostiene que el Estado debe generar un entorno propicio para el libre ejercicio del periodismo. Para eso, impone obligaciones concretas:
- Adoptar un discurso público que no promueva la violencia contra periodistas.
- Realizar campañas de concientización sobre el rol fundamental del periodismo en la democracia.
- Garantizar el acceso a la información pública, incluyendo la disponibilidad de documentos oficiales y respuestas en conferencias de prensa.
- Evitar requisar o secuestrar materiales periodísticos sin orden judicial.
“Los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que expongan a periodistas a actos de violencia”, subraya el texto.
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Según los diputados autores, esta propuesta busca ponerle un límite a la impunidad de quienes intentan silenciar voces críticas o restringir la diversidad de opiniones. La preocupación por el creciente nivel de hostilidad hacia la prensa, incluso desde los más altos niveles del poder político, fue un disparador clave para la redacción de esta norma.
En ese sentido, el proyecto actúa como una señal política frente a los discursos agresivos del presidente Javier Milei hacia periodistas, que ya generaron repudio en organismos nacionales e internacionales.
