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Actualidad Mendoza | mala praxis |

Por un caso de mala praxis con consecuencias permanentes, el gobierno de Mendoza deberá pagarle $30 millones

Una menor padece una enfermedad incurable, con una incapacidad del 100% tras que un médico del nosocomio dio un diagnóstico desacertado sobre su salud. El hecho ocurrió en el hospital Scaravelli, de Tunuyán.

Una bebé recién nacida sufrió mala praxis en el Hospital Antonio Scaravelli de Tunuyán, Mendoza, y debido a las consecuencias que eso le produjo, la Justicia determinó que el gobierno provincial deberá indemnizar a la familia por 30 millones de pesos.

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Hospital Antonio Scaravelli

Hospital Antonio Scaravelli

La pequeña, que actualmente tiene 7 años, fue diagnosticada con una ictericia fisiológica y no una patológica, lo cual le generó una discapacidad total provocada por una enfermedad incurable.

Al pasar los días, los médicos determinaron un cuadro de kernícterus, un tipo de daño cerebral que se presenta por los altos niveles de bilirrubina en la sangre de los recién nacidos. Por este motivo, según lo informado por el medio Los Andes, la pequeña padece de parálisis cerebral y necesita recibir un tratamiento multidisciplinario.

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La pequeña sufrió un mal diagnóstico al momento de que nació

La pequeña sufrió un mal diagnóstico al momento de que nació

La sentencia judicial del caso

“Por sus múltiples secuelas -permanentes y que impactan en todo su organismo y en todos los sentidos esenciales- debe recibir un tratamiento multidisciplinario, interactuando varias especialidades, como clínica pediátrica, neurología, tratamiento con medicación permanente, oftalmología traumatología y ortopedia. También requiere estimulación psicomotriz temprana, fonoaudiología (por los diferentes trastornos de deglución u auditivos) y odontológicos, ya que tienen trastornos en el esmalte dental”.

Los abogados de la familia, Pablo Cazabán y Sergio Anglat, solicitaron cerca de 12 millones de pesos y además, un millón más por incapacidad sobreviviente y daño moral. También se estableció una suma de $1.800.000 para cada padre, y por gastos terapéuticos y de transporte, un total de 12 millones de pesos. Aunque el dinero aún no está disponible para los beneficiarios, cuando la sentencia quede firme, el Estado tendrá que otorgárselo a los familiares afectados.