La Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró este martes admisible el recurso de queja presentado por el fiscal Carlos Altuve y suspendió provisionalmente las medidas dispuestas por el Tribunal de Casación Penal que habilitaban la prisión domiciliaria para presos que integran el grupo de riesgo de contraer coronavirus.
Imagen del motín en Devoto, Buenos Aires. Los presos reclamaron salir ante la falta de medidas sanitarias por el coronavirus.
Maximiliano Luna / Télam
El máximo tribunal provincial informó este martes que aceptó tratar el recurso que presentó el fiscal de Casación bonaerense para que se revoque el hábeas corpus colectivo que habilita la prisión domiciliaria y ordenó la secuencia del trámite previo a la sentencia de fondo.
En su presentación, Altuve consideró "de una extrema gravedad institucional, con una ostensible falta de argumentación" el fallo del juez de Casación Víctor Violini, que había planteado la posibilidad de que los presos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves podrían acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.
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La Corte ya había dado un paso para frenar el hábeas corpus de Violini al quitarle la potestad que les habían dado a los jueces de la Provincia para resolver hábeas corpus masivos unipersonalmente en la Cámara de Casación. Además de detener las excarcelaciones, la resolución también resolvió la pertinencia de admitir el pedido del fiscal Altuve para su análisis.
Esta cuestión de fondo -si las excarcelaciones colectivas son correctas y deben retomarse, o si por el contrario fueron mal concedidas- será resuelta en los próximos días, con un fallo que buscará ser "ordenador" para esta situación y las futuras, según indicaron fuentes judiciales al medio Clarín.
La decisión de Violini se tradujo en 599 morigeraciones en las condiciones de prisión en el último mes, según las cifras oficiales. Teniendo en cuenta los casos de aquellos internos que cumplieron su condena, o que tienen otros regímenes como la libertad condicional o asistida, el número global de detenidos que dejaron los penales bonaerenses en estas semanas asciende a unos 2.200.
Polémica por la liberación de los presos
La discusión política estalló cuando se detectaron decisiones judiciales que dieron domiciliaria a presos que tenían penas por delitos graves como violaciones, narcotráfico y asesinatos, entre otros. A raíz de esto, el Procurador General, Julio Conte Grand, investiga 148 resoluciones a través de las cuales se concedieron morigeraciones "infundadas, por el tipo de delitos de las personas", señalaron fuentes judiciales a Clarín.
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El propio gobernador Axel Kicillof se despegó públicamente de las liberaciones masivas. Este mismo martes, apuntó contra el procurador Conte Grand, al afirmar que había sido ese funcionario el que impulsó las domiciliarias.
"En la resolución 158 del 18 de marzo, que la leí detenidamente, instruye a los defensores públicos impulsar prisiones domiciliarias a las poblaciones de riesgo. Se basa en instrumentos internacionales que en el marco del coronavirus habían promovido las domiciliarias. Y el procurador lo hace", aseguró Kicillof durante una conferencia de prensa. "Omite señalar que las prisiones domiciliarias no pueden darse a quienes hayan cometido delitos graves, ofensas sexuales, violaciones, robos a mano armada, con violencia. No lo dice Conte Grand", agregó.
La Cámara de Casación bonaerense había fundado su decisión en dos factores centrales: por un lado, la sobrepoblación del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), pues hay 44 mil presos alojados cuando el espacio real es sólo para 25.000; y por otro lado, los más de 2.300 presos de riesgo ante el coronavirus que se encuentran en esos penales.
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Ante este escenario de crisis, el Fiscal consideró que sin minimizar la situación del sistema carcelario, se adoptaron acciones que pueden acarrear consecuencias mayores. "Las medidas no deben ser tomadas con afectación a la distribución de competencias constitucionales y legales, ni mediante la vulneración de las leyes que ordenan el funcionamiento de la administración de justicia penal".
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