En su participación en Modo Fontevecchia por Net TV, Radio Perfil y Radio Amadeus, el fundador de la Fundación Alameda, que lucha contra la trata de personas y otros delitos graves, afirmó que existe una "decisión política" para que 9 de Julio sea una "zona liberada", permitiendo la proliferación de delitos federales y obstruyendo la búsqueda de Loan.
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Vera explicó que, al tercer día de la desaparición de Loan, su organización denunció ante PROTEX, la procuraduría nacional contra la trata, la falta de cumplimiento del manual de búsqueda del Ministerio Público Fiscal.
Este protocolo indica que, en casos de desaparición forzada de menores en situación de vulnerabilidad, se debe actuar bajo la hipótesis más extrema desde el principio. Sin embargo, en este caso, no se involucró a un juzgado federal ni se activaron las alertas y controles fronterizos necesarios, lo que derivó en una serie de errores graves, incluyendo la tardía notificación al 911 y el mal manejo de la Alerta Sofía.
Según Vera, la causa estuvo a cargo de un juzgado de garantías sin experiencia, lo que resultó en múltiples fallas procedimentales, exacerbadas por la participación de funcionarios corruptos. Entre ellos, destacó al comisario Maciel, actualmente detenido por plantar pruebas falsas, y a María Victoria Caillava, quien junto a su esposo, un ex capitán de la Armada, controlaba el poder en 9 de Julio.
Estos actores, según Vera, forman parte de una red que busca encubrir no solo la desaparición de Loan, sino también un conjunto de delitos federales ligados al narcotráfico y el contrabando en la región, favorecidos por la cercanía del pueblo a la frontera y la Hidrovía.
Vera también mencionó la implicación de figuras políticas de alto nivel, como el senador Pellegrini y el ministro de Planificación de Corrientes, Miguel Olivieri, quienes habrían jugado un rol clave en el encubrimiento de la desaparición y otros crímenes.
Según el activista, la red de trata de personas en la zona estaría conectada con el narcotráfico y operaría como un holding, aprovechando la "zona liberada" para facilitar diversos delitos.
El caso de Loan, similar al de Marita Verón en su impacto mediático, ha generado una fuerte conmoción social en un contexto de crisis económica y desconfianza en las instituciones. Vera subrayó la necesidad de seguir investigando todas las líneas posibles para encontrar a Loan, señalando que el niño podría haber sido traficado hacia Paraguay o Bolivia, considerando la compleja estructura mafiosa involucrada en su desaparición.
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Finalmente, Vera responsabilizó al gobernador Gustavo Valdés y a su gabinete por obstruir la investigación, sugiriendo que la desaparición de Loan ha sacado a la luz la existencia de una zona liberada en la provincia, donde el crimen organizado opera con la complicidad de sectores estatales.