La Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia que favoreció a un policía condenado por la muerte de un joven en una comisaría de Jujuy
La Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia que había favorecido a funcionarios policiales por haber golpeado salvajemente a un joven detenido, haberlo estrangulado y luego intentar “disimular” su muerte haciéndola pasar por suicidio.
La Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia que había favorecido a funcionarios policiales por haber golpeado salvajemente a un joven detenido, haberlo estrangulado y luego intentar “disimular” su muerte haciéndola pasar por suicidio.
La Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia que había favorecido a funcionarios policiales por haber golpeado salvajemente a un joven detenido, haberlo estrangulado y luego intentar “disimular” su muerte haciéndola pasar por suicidio. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal hizo lugar al recurso de la fiscalía y dejó sin efecto la sentencia que redujo la condena y habilitó su libertad.
Te podría interesar
El caso analizó la muerte de Josué Saúl Mendoza. El joven había sido detenido el 30 de junio del 2006, luego del partido en que la Selección de Alemania de fútbol le ganó a la Argentina.
La Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia que favoreció a un policía condenado por la muerte de un joven en una comisaría de Jujuy
De acuerdo a la reconstrucción que se hizo en la causa, Mendoza había estado bebiendo en uno de los bares de la zona de la terminal de micros de San Salvador de Jujuy, se produjo un incidente y llamaron a la policía. El joven se habría resistido al arresto y fue llevado hasta la seccional. De acuerdo a la declaración de otros detenidos, el muchacho habría sido golpeado a patadas por los policías. Más tarde, apareció colgada en los barrotes de la celda como si se hubiera suicidado. Las pericias indicaron que había sido estrangulado.
En un juicio oral, el oficial Alejandro Raúl Carlos fue condenado a prisión perpetua por haber sido encontrado coautor responsable del delito de homicidio agravado y apremios ilegales, mientras que se condenó a cuatro años a otro por los apremios. También se dispuso investigar si hubo otros efectivos que estuvieron involucrados.
La defensa de Carlos apeló y, por mayoría, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia jujeño hizo lugar al recurso de revisión y modificó su condena por la de partícipe secundario de homicidio agravado y coautor de apremios ilegales. Con esta decisión, redujo su pena a la de catorce años de prisión e inhabilitación por igual tiempo, la tuvo por cumplida y ordenó su libertad en 2020.
El Ministerio Público apeló ante la Corte Suprema de Justicia y planteó que se había tratado de una decisión arbitraria. De acuerdo al dictamen del Procurador General interino Eduardo Casal, firmado en septiembre de 2025, el tribunal que dictó la sentencia tuvo por probado que Carlos junto con otros funcionarios policiales “había sometido” a la víctima a una “severa golpiza en la dependencia en la que éste estaba detenido; y que, más tarde, en el calabozo en el que se lo alojaba, lo había estrangulado y sofocado hasta provocarle la muerte y dispuesto el cadáver en el baño de detenidos de modo que pareciera que el joven se había suicidado”. Si bien se investigó si Carlos había actuado con otro efectivo, ese expediente terminó archivado porque “había muerto el único testigo del hecho y se había extraviado toda la evidencia documental que había servido de base de la sentencia de 2007”.
LEER MÁS ► Gastón Salmain libra una batalla judicial para salvar su cargo con nuevos frentes de batalla
Para la Procuración General, “la mayoría de la sala penal de la corte provincial, en el pronunciamiento de septiembre de 2020 contra el que se dirigió el recurso extraordinario sobre cuya denegación versa la presente queja, consideró que el archivo dispuesto por el juez de instrucción en 2017 y la sentencia de condena de 2007 serían contradictorios entre sí, de manera tal que se habilitaría la modificación de esta última de acuerdo con los términos de la regla del procedimiento local que permite la revisión de sentencias firmes en favor de los condenados cuando ‘los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable’”. Sin embargo, el Ministerio Público advirtió que no había ninguna contradicción y que se hizo “una ilegal y arbitraria revisión integral” de la condena que “había adquirido autoridad de cosa juzgada muchos años antes”.
La Corte Suprema hizo ahora lugar a la queja y, remitiéndose al dictamen de la Procuración, declaró procedente el recurso y dejó sin efecto la sentencia, que deberá volver a la Corte local.
