Las medidas adoptadas por el gobierno de Gildo Insfran para controlar la pandemia de coronavirus sigue generando denuncias por violación de libertades individuales y derechos constitucionales. La detención de dos concejalas formoseñas cuando visitaban un centro de aislamiento volvió a poner en agenda nacional la situación que atraviesan los habitantes de la provincia del norte del país desde la implementación del decreto de aislamiento, en el mes de marzo.
La directora ejecutiva sostuvo que Amnistía recibió denuncias de formoseños que motivaron la intervención del organismo
La abogada Mariela Belski es la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, y se refirió a la problemática por 7 AM en una entrevista con Geraldine Brezán. Desde el organismo presentaron una denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos para solicitar que el gobierno de Alberto Fernández tome intervención en Formosa.
Política del miedo
“Hemos recibido varias denuncias de personas que se encuentran detenidas en los centros sanitarios, y por parte de la concejala Gabriela Neme, cuando fue detenida nos llamó su hijo. En agosto ya habíamos intervenido porque habíamos recibido denuncias por lo varados que estuvieron más de 9 meses detenidos en la ruta porque no los dejaban ingresar a la provincia”, explicó Belski.
Las concejalas Neme y Celeste Ruiz Diaz fueron detenidas el jueves, cuando se presentaron en uno de los centros de aislamiento que funcionan en Formosa, y fueron liberadas a las pocas horas. La directora de Amnistía expresó que las concejalas “siguieron el tema de los varados y lo que está pasando ahora. Creemos que fueron detenidas sin ningún tipo de argumento, y si hubieran estado protestando, el derecho a la protesta en nuestro país es constitucional así que tampoco podrían haber sido detenidas. De todos modos ni siquiera estaban protestando, estaban viendo cómo era la situación”.
Belski sostuvo que “la bajada del protocolo en Formosa es muy estricta: las personas asintomáticas, o con síntomas leves, o que no tienen covid son retenidos en estos centros, por lo que se los expone al contagio. No son informados cuando van a salir, no se les permite hacer el aislamiento en el domicilio y no se entiende por qué”. En este contexto, manifestó también que las personas no tienen acceso a ningún tipo de información y están retenidas en los centros en condiciones precarias: "hay pocos baños, conviven hombres, mujeres, adolescentes, bebes.. todos en el mismo espacio”.
La letrada remarcó que si bien en situaciones excepcionales como es una pandemia está permitido limitar las libertades individuales, como sucede desde hace diez meses, “esto tiene que ser razonable y legítimo. En el caso de Formosa no es ni razonable ni legítimo; hay una política de generar miedo en la sociedad, y hay muchas personas que creen que así no te contagias, pero hay otras medidas que se pueden tomar, como hicieron todas las provincias”.
Denuncia local e internacional
Desde la sede local de Amnistía Internacional solicitaron al gobierno nacional que tome intervención para analizar lo que está ocurriendo en Formosa: “el día que detuvieron a las concejalas hicimos una denuncia en la secretaria porque creemos que a la Nación ya le corresponde intervenir porque se están violando derechos individuales. Habíamos hecho pedidos de reuniones que no nos la daban, con el gobierno provincial también y tampoco nos dio, no recibimos ninguna respuesta por los funcionarios nacionales o provinciales”, se lamentó Belski.
Ante esta nula respuesta de los gobiernos nacional y provincial, Amnistía decidió recurrir a los organismos internacionales en materia de derechos humanos: “estamos preparando medidas cautelares para ir al sistema interamericano de derechos humanos, no sólo vamos a ir a la comisión sino a Naciones Unidas también. Es una pena que tengamos que recurrir a las instancias internacionales por no encontrar una alternativa saludable”.
A continuación, la directora de Amnistía sostuvo que “siempre es mejor la solución previa a tener que llegar a las instancias internacionales. Esto se puede resolver con una intervención del gobierno nacional, es frustrante. Hay una obligación del gobierno nacional de observar que las provincias no se excedan”.
Audio ► La entrevista completa con la directora de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Bielski
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