Inspección y cancelación de prepagas
El proceso de revisión comenzó con una inspección exhaustiva de la situación financiera y administrativa de las prepagas y obras sociales. Al inicio de esta gestión, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) registraba un total de 675 prepagas y 291 obras sociales activas.
Sin embargo, se detectó que varias de estas empresas, aunque inscritas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), no habían presentado la información obligatoria, como el padrón de usuarios, planes de cobertura, cuadros tarifarios, estados contables y balances.
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Como resultado de estas irregularidades, la SSS decidió cancelar la inscripción de 60 prepagas, incluyendo a Prepasa S.A., Grupo Proyectar SRL y Emergencias Médicas Fueguinas S.A., entre otras.
Este proceso de eliminación continuará en los próximos días, con la cancelación de otras 60 prepagas, mientras se evalúa la situación de 70 más. En total, se estima que alrededor de 180 prepagas podrían ser dadas de baja.
Fuentes oficiales subrayan que el objetivo de esta medida es ofrecer a los beneficiarios un mercado más transparente y ordenado, donde las entidades inscritas realmente existan, compitan y brinden servicios de calidad.
Intervención de obras sociales
Además de la depuración en el ámbito de las prepagas, la Superintendencia de Servicios de Salud ha intervenido cuatro obras sociales: la de Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF), la del Personal Ladrillero (OSPL) y la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPLM).
Estas intervenciones se producen en un contexto donde dichas entidades recibían subsidios millonarios del Estado. Según las autoridades, la intervención comienza con auditorías detalladas y, si se detecta la falta de información necesaria para operar como agentes del sistema de salud, se designa un interventor que debe reportar sobre la gestión de la obra social en cuestión.
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Si se comprueba la inviabilidad financiera, prestacional o patrimonial de la entidad, se activa un mecanismo de liquidación, redistribuyendo a los afiliados en otras obras sociales.
Una de las intervenciones más relevantes fue la de OSPRERA, la obra social de los peones rurales, que cuenta con 759.203 beneficiarios, siendo la tercera más grande del país. Esta entidad no presentó informes ante la SSS en más de un año y acumuló una deuda que pasó de $26.979.000 en septiembre del año pasado a $43.949.000 en marzo de este año. Además, la mayoría de los prestadores consultados indicaron que no tenían convenio vigente con esta obra social.
