domingo 12 de julio de 2020
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Detuvieron a un empresario argentino por explotación sexual de menores

Ocurrió en Uruguay. El hombre fue retenido por violar la cuarentena y llegar a Punta del Este sin ningún tipo de permiso ni justificación. Allí se notificaron de la denuncia que tiene en su contra: además cuenta con antecedentes.

Un empresario argentino de 63 años que residía en Punta del Este fue detenido en Uruguay acusado de integrar una banda internacional dedicada a la explotación sexual de jóvenes y adolescentes. Según revelaron medios orientales, Ricardo Orestes Cirio fue apresado al arribar a ese país sin permiso ni justificación, luego de violar el aislamiento obligatorio en la Argentina.

La captura de Cirio se concretó por orden de la fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera, en el marco de una investigación realizada por funcionarios de Crimen Organizado e Interpol, bautizada "Operación Océano". De esta manera, ya son 21 los detenidos en la pesquisa, entre empresarios y dirigentes políticos.

Pero según la prensa uruguaya, la policía continúa la búsqueda a nivel nacional de tres hombres más: otro argentino, un brasileño y un uruguayo. La fiscal Viera está detrás de sus sombras. El empresario argentino fue imputado por el delito de "retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.

https://twitter.com/antonioladra/status/1277744369630658562

Cirio era director del colegio privado St. Clare’s, de Punta del Este, fundado en 2004 y ubicado a ochos metros de Playa Brava. La institución emitió un comunicado para aclarar que no tiene vínculos, pero según Ladra hasta 2016 fue el presidente de la Fundación del colegio.

El artículo 4 de la ley 17.815 de Uruguay sobre violencia sexual comercial o no comercial contra niños, adolescentes e incapaces establece penas de entre 2 y 12 años de cárcel.

La causa lleva siete meses de trabajo y se fundamenta en un testimonio clave de una víctima de la red, que fue sometida por un empresario paraguayo. Según el dictamen de la fiscal Viera al que accedió Ámbito, las menores podían llevar “clientes” al apartamento del hombre y a cambio tenían dos opciones: pagarle el 50% de sus ingresos, o el 30% y tener relaciones sexuales con él. "Como no tenía otra opción, aceptó vincularse sexualmente con su proxeneta como forma de pago", relató Viera sobre esta adolescente.