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Actualidad San Cristóbal | armas | Tiroteo en una escuela de San Cristóbal

Crimen en una escuela de San Cristóbal: un fiscal federal advierte por el fácil acceso a armas y la falta de regulación en Argentina

Tras el crimen en una escuela de San Cristóbal, desde la UFIARM alertan sobre una ley desactualizada, el crecimiento del mercado ilegal y nuevas maniobras como el uso de “testaferros” para desviar armas.

En diálogo con el programa Una Tarde A La Vez de AIRE, el fiscal general adjunto de la Unidad Fiscal Federal contra el Tráfico de Armas (UFIARM), Gabriel González Da Silva, advirtió que el país enfrenta una problemática “grave” vinculada al acceso, circulación y control de armas de fuego.

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Desde la UFIARM advierten por una ley “atrasada” y una deuda de la democracia

Según explicó el fiscal, uno de los principales problemas es la legislación vigente. La normativa actual data de 1973 y nunca fue actualizada de manera integral, pese a los cambios sociales, tecnológicos y del crimen organizado.

“Es una deuda de la democracia”, sostuvo. Y remarcó que, a diferencia de Argentina, los países de la región ya adaptaron sus leyes a estándares internacionales.

Hoy, el Código Penal se limita a sancionar la tenencia y portación ilegal, pero no contempla de forma integral el tráfico de armas, ni otras situaciones clave como la circulación de municiones o la negligencia en el resguardo de armas en hogares.

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Más armas, más letalidad

El fiscal también cuestionó discursos que minimizan el impacto de las armas en hechos violentos.

“Con un arma hay mayor poder de daño, menor capacidad de defensa de la víctima y un efecto expansivo mucho más grave”, explicó.

En ese sentido, advirtió que hechos como el de San Cristóbal podrían haber sido aún más trágicos si no intervenía una persona para desarmar al atacante.

Fiscal Gabriel Gonzalez Da Silva
El Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la Nación Argentina, Gabriel González Da Silva, dialogó con AIRE sobre el uso de armas en Argentina.

El Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la Nación Argentina, Gabriel González Da Silva, dialogó con AIRE sobre el uso de armas en Argentina.

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Mercado ilegal y crimen organizado

Otro de los puntos críticos es la falta de una ley específica que aborde el tráfico de armas como fenómeno complejo.

González Da Silva lo comparó con el narcotráfico y la trata de personas: “Forma parte de la criminalidad organizada. Las mismas organizaciones que trafican drogas, trafican armas”.

Además, alertó que la industria armamentística mueve incluso más dinero que el narcotráfico, lo que añade una dimensión económica al problema.

Testaferros: una modalidad en crecimiento

En los últimos años, las investigaciones detectaron un mecanismo preocupante: personas que compran armas de manera legal para luego venderlas en el mercado negro.

“Se utilizan individuos sin capacidad económica como testaferros para adquirir armas, muchas veces importadas, y desviarlas hacia circuitos ilegales”, explicó el fiscal.

Si bien esta modalidad fue detectada en Santa Fe, aclaró que se trata de un fenómeno a nivel nacional y poco frecuente en otros países, lo que evidencia fallas propias del sistema argentino.

Entrega voluntaria de armas en Santa Fe: ¿solución o parche?

Sobre los programas de entrega voluntaria de armas, el fiscal consideró que, pese a las críticas, son una herramienta positiva.

Todo lo que implique sacar armas ilegales de circulación debe ser bienvenido”, afirmó.

En ese marco, destacó el trabajo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que permite recolectar, registrar y destruir armas de manera rápida, evitando que vuelvan al circuito ilegal.

Escuela San Cristóbal Vuelta Clases 16-04-26 4
El grave crimen de Ian Cabrera en la escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal pone en agenda, entre tantos temas, el uso de armas en nuestro país.

El grave crimen de Ian Cabrera en la escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal pone en agenda, entre tantos temas, el uso de armas en nuestro país.

Un problema fuera de agenda

Finalmente, González Da Silva advirtió que la problemática no forma parte de la agenda política nacional, en parte por el temor de afectar a usuarios legales y por intereses económicos.

Sin embargo, insistió en la necesidad de avanzar en una ley integral que permita abordar el fenómeno en toda su complejidad: “Si no se actúa, el riesgo es que la violencia armada siga creciendo en todo el país”.

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