Redacción Aire Digital
Este jueves se cumplen 25 años del atentado a la AMIA, el principal centro comunitario de la colectividad judía en Argentina y el más grande de América Latina. Desde aquel 18 de julio de 1994, las preguntas y respuestas sobre los culpables y las causas han llevado a un avance y retroceso continuo en la investigación.
¿Qué pasó desde entonces? ¿En qué etapa se encuentra la investigación? Desde aquel lunes por la mañana en el que se sintió el feroz estallido y se desató el drama, ocurrieron muchos sucesos vinculados al ataque.
El 19 de julio de ese mismo año, un día después del atentado, un pequeño avión que realizaba un vuelo interno en Panamá estalló en el aire. Murieron las 21 personas a bordo, de las cuales 12 eran judías.
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En ese mismo mes, el juez designado para investigar el atentado, Juan José Galeano, viajó a Caracas, Venezuela, a entrevistar a Manoucher Motamer (quien luego sería señalado como agente de la CIA), un exdiplomático iraní que le entregó información que supuestamente incriminaba a Irán, más precisamente a funcionarios de la embajada iraní en Buenos Aires.
Todavía en julio, a pocos días del horror, arrestaron a Carlos Telleldín, el hombre acusado de haber provisto la camioneta con que se realizó el ataque. Telleldín, vinculado a la comercialización de autos robados, fue vinculado en ese momento con la camioneta Renault Trafic blanca que la Justicia argentina cree que se utilizó para el atentado.
En julio, pero de 1996, Telleldín recibió una oferta de US$400.000 del juez Galeano a cambio de información y poco después fueron acusados de participar en el ataque tres policías de alto rango y otro retirado, como parte de la llamada “conexión local”.
La investigación se ponía más interesante en 1997. En abril, se difundió un video en el que se veía al juez Galeano ofreciendo el pago a Telleldín.
En julio de ese año, el fiscal Alberto Nisman, que fue encontrado sin vida el 15 de enero del 2015 en Argentina, se sumó a la investigación.
No fue sino hasta el 24 de septiembre del 2001 cuando comenzó el juicio por el atentado.
El 21 de agosto del 2003, Hade Soleimanpour, exembajador iraní en Argentina, fue arrestado en Reino Unido, por un pedido de extradición de Argentina por su presunto vínculo con el atentado a la AMIA.
En noviembre de ese año, Reino Unido rechazó el pedido de extradición de Soleimanpour realizado por Argentina, por falta de evidencia. En diciembre, la Cámara Federal removió al juez Galeano de la causa y lo reemplazó por Rodolfo Canicoba Corral.
En septiembre del 2004, concluyó la investigación de la audiencia federal. El Tribunal Oral Federal N° 3 declaró nula una parte de la causa AMIA y absolvió a todos los imputados, tras casi tres años de juicio oral.
Carlos Telleldín y la “conexión local” (en total 22 personas acusadas de complicidad en el ataque -entre ellos ex policías-) fueron absueltos por falta de pruebas.
El 13 de septiembre de ese año, se creó una fiscalía especial para el caso AMIA, a cargo de la cual quedó designado Alberto Nisman.
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El juez federal Ariel Lijo procesó a Hugo Anzorreguy, jefe de la SIDE (servicio de inteligencia de Argentina); al exjuez Juan José Galeano; a Rubén Beraja, expresidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), entre otros, por malversación, pervertir el curso de la justicia, detención ilegal, confesiones forzadas y falsificación de documentos.
En octubre del 2006, el fiscal Alberto Nisman acusó formalmente a Irán de estar detrás del atentado y a Hezbolá de ejecutarlo. Además, mencionó a funcionarios y exfuncionarios iraníes.
Al año siguiente, por solicitud de la Justicia argentina, Interpol emitió un pedido de captura para cinco iraníes: el exministro de Seguridad Alí Fallhijan; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria y miembro de un consejo que asesoraba al Líder Supremo Ali Jamenei; el exjefe de la Guardia Revolucionaria y ministro de Defensa, Ahamad Vahidi; el ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani (quien estuvo en Argentina por 14 años hasta 1998); y el ex tercer secretario de esa sede diplomática, Ahmad Reza Ashgari.
La Corte Suprema ordenó el 27 de mayo del 2009 reabrir la investigación, haciendo lugar a la apelación -para revertir la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3 y por la Cámara Nacional de Casación Penal que habían anulado el caso- presentada por la Fiscalía y por los familiares de las víctimas del atentado.
En septiembre de ese año, en la Asamblea General de la ONU, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner exigió a Irán que extradite a sus funcionarios señalados en la causa AMIA.
En octubre de ese mismo año, el juez federal Ariel Lijo procesó en un juicio por encubrimiento al expresidente Carlos Saúl Menem (quien estaba en el poder cuando ocurrió el atentado) y a otros altos funcionarios acusados de irregularidades en la pesquisa, entre ellos el magistrado que llevaba originalmente la causa, Juan José Galeano.
Entre los procesados también estaban los ex jefes de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchézar, y los policías responsables de la investigación, Jorge Palacios y Carlos Castañeda.
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En el 2010, cables filtrados por WikiLeaks dieron cuenta de contactos de funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires con el fiscal Nisman.
En el 2012, el juez Lijo elevó a juicio oral la causa por encubrimiento en la que estaban procesados el expresidente Menem y el exjuez de la causa, Galeano, entre otros.
En enero del 2013, los gobiernos de Argentina e Irán firmaron un memorándum de entendimiento para intentar avanzar con la causa.
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El memorándum prevé la creación de una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas internacionales (dos elegidos por cada país y un quinto consensuado) para analizar las investigaciones sobre el atentado.
El convenio estipulaba que la Justicia argentina podía interrogar en Irán a los cinco imputados requeridos por Interpol.
Al mes siguiente, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el memorándum de entendimiento con Irán, dándole rango de tratado internacional.
Su contraparte iraní no hizo lo propio, aunque en mayo de 2013 se reportó que el entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, lo había firmado sin enviarlo a sus parlamentarios.
En el 2014, la Cámara Federal decidió que Carlos Telleldín debía afrontar un nuevo juicio oral por su supuesto rol en la causa. En mayo, declaró inconstitucional el acuerdo de Argentina con Irán. El gobierno decía que apelaría la medida.
Ese mismo mes, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral elevó a juicio oral la causa contra Carlos Telleldín, acusado de homicidio calificado doblemente agravado.
Al cumplirse 20 años del atentado, un examen pericial realizado por la Gendarmería Nacional halló abandonado en un freezer de la Policía Federal un balde rojo con restos orgánicos congelados y esquirlas de la explosión, que permitieron probar que el atentado fue cometido con una Trafic cargada de explosivos.
En el 2015, Alberto Nisman fue hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. El fiscal se encontraba investigando el memorándum que la presidenta argentina Cristina Kirchner había firmado con Irán.
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Este mismo año, en el segundo juicio por el encubrimiento, el expresidente de la DAIA Rubén Beraja -uno de los acusados por encubrir el atentado- alegó que la “pista siria” había sido un invento de uno de los principales jefes del servicio de inteligencia Jaime Stiuso.
En mayo del 2016 el juez Ariel Lijo, fue separado de la causa por desviar la investigación de la “pista siria”.
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En febrero del 2019, año en el que se cumple el 25 aniversario de la tragedia, llegó la sentencia.
En el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 fueron condenados por encubrimiento y corrupción el exjuez de la causa AMIA Juan José Galeano, los exfiscales de la causa AMIA Eamon Mullen y José Barbaccia, el exjefe de los servicios de inteligencia Hugo Anzorreguy, Carlos Telleldin y otros altos funcionarios del Estado argentino.
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