El juzgado investigando la desaparición de Loan en Corrientes baraja la posibilidad de que haya existido abuso intrafamiliar.
En una nueva fase del caso de desaparición de Loan, los expedientes fueron trasladados al Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya, bajo la dirección de Cristina Pozzer Penzo.
La causa, centrada en el delito de “captación de personas con fines de explotación agravada por ser la víctima un menor de 18 años”, resultó en la detención de seis personas hasta la fecha.
Los detenidos incluyen a Antonio Benítez, identificado como tío de Loan, Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito" Ramírez, considerados partícipes primarios, así como María Victoria Caillava y Carlos Pérez, catalogados como coautores materiales. Además, el comisario Walter Maciel enfrenta cargos por encubrimiento en relación con el caso.
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Dentro del desarrollo de la investigación, surgen múltiples interrogantes que apuntan hacia una hipótesis clave: la posible victimización de Loan mediante abuso sexual el día de su desaparición. Esta teoría se refleja en el detallado expediente presentado ante la jueza federal, el cual incluye pruebas sustanciales como el “acta de toma de muestra del pene de Benítez”, una medida que destaca por su singularidad entre los imputados.
Entre las evidencias adicionales trasladadas al juzgado se encuentran certificados médicos, actas de detención, copias de DNIs, informes médico-legales y actas de notificación legal. En el caso específico de Pérez y Caillava, se incluyen documentos relacionados con la propiedad de vehículos, actas de aprehensión, y capturas de pantalla de Google Maps, entre otros elementos.
Fuentes judiciales indican que las acciones fueron impulsadas tras los primeros aportes del comisario Walter Maciel al fiscal. Este último maneja la hipótesis de que Loan pudo haber sido víctima de abuso sexual seguido de homicidio, señalando al tío como el principal sospechoso, con Ramírez y Millapi actuando como cómplices.
El abogado Fernando Burlando, quien decidió involucrarse en el caso, subrayó la necesidad de explorar todas las hipótesis con diligencia y completitud, criticando los intentos de desviar el enfoque de la trata de personas por parte de la fiscalía federal. Burlando insistió en la importancia de que la justicia federal intervenga dada la complejidad y el alcance potencial del caso.
En la actualidad, el Fiscal Federal de Goya, Mariano de Guzmán, está analizando las evidencias restantes y esperando informes adicionales de telefonía celular antes de presentar su dictamen ante la jueza, quien determinará los siguientes pasos en la investigación.
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