El 65% de los inmigrantes se dedica a tres tareas: comercio, construcción y servicio doméstico.
En esta nota vamos a presentar datos oficiales y actualizados provenientes de la Dirección Nacional de las Personas, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, que contradicen un puñado de frases caras al sinsentido común dominante construido durante décadas y básicamente xenófobo.
Intentemos un resumen ejecutivo de los datos para contestar “verdades consagradas” tales como que “las fronteras son un colador y estamos llenos de inmigrantes”, “vienen a robarse el empleo de los argentinos (por lo tanto, son culpables del desempleo por encima de cualquier gobierno)” o la clásica clasificación del tachero promedio en Buenos Aires: “Acá los paraguayos son albañiles, los bolivianos verduleros y los peruanos todos narcos”.
El primer dato es netamente cuantitativo, ¿cuántos son? Malas noticias por dos para el racismo inmigratorio: según datos del RENAPER y la SRT, la cantidad de migrantes sudamericanos se mantiene en leve aumento (87,1% del total), mientas que disminuye la de originarios europeos (7% para desconsuelo sarmientino), totalizando unas 3.033.786 personas.
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Es decir, son inmigrantes el 6,6% de la población total argentina y el 4,4% del total de los trabajadores registrados en el país, lejos de un aluvión zoológico plurinacional o de una invasión de limítrofes en fuga por peores condiciones de origen, tal la teoría varias veces esbozada por Miguel Pichetto, un xenófobo que vuelve a estar de moda y que suele cambiar de encuadre partidario, pero no de ideología.
He aquí el segundo dato notable: los inmigrantes representan una cantidad marginal del mercado de trabajo formalizado, pues 6 de cada 10 (523 mil personas en los aglomerados urbanos medidos por la EPH) tienen inserciones laborales precarias, en ramas de actividad donde predomina el trabajo lisa y llanamente informal, contratos a prueba con alta rotación y monotributismo de subsistencia (si ese trabajador o trabajadora está documentado por el RENAPER).
El 65% de los inmigrantes trabaja en el comercio (43% informales), la construcción (55%) y el servicio doméstico (72%); tres de las cuatro actividades económicas con mayores niveles de subregistro laboral, la otra es la agricultura (58%).
Nunca está de más recordar que ése colectivo –que creció exponencialmente en los cuatro años del Frente de Todos, configurando un fenómeno de “pleno empleo” (tasas de desocupación del 6%) con niveles de informalidad del 42,2%– no posee aportes jubilatorios, vacaciones pagas, aguinaldo, derecho a afiliación gremial o seguro de riesgos laborales.
Dato estadístico electoral y reciente: a la hora de votar tienen restricciones, sólo pueden sufragar para cargos provinciales y municipales, pese a que cada circunscripción puede determinar –según su Código Electoral– cómo y qué pueden votar. El dato más saliente de la primera vuelta estuvo en la provincia de Buenos Aires, donde el voto migrante (7,5% del padrón) acompañó a Unión por la Patria en las ocho secciones electorales, 11 puntos por encima de La Libertad Avanza.
Nota: en la provincia de Santa Fe, hay un total de 27.183 extranjeros habilitados para votar intendentes, concejales y consejeros comunales.
Los inmigrantes forman parte de un colectivo que no supo ni sabe lo que es la seguridad social o un recibo de sueldo con todas las de la ley (el 63% no tiene relación de dependencia ni salario fijo). A los que el mejor sistema conocido hasta el momento, no le garantiza ni vivienda, ni esparcimiento, salud, seguridad o educación de calidad. Sobre éste último punto el dato es que 4 de cada 10 posee estudios iniciales terminados y sólo 2 de cada 10 tienen carreras de grado completas, lo que condiciona fuertemente una mejora en la inserción de puestos calificados y mejores pagos.
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Es decir que si ocupan plazas de empleo “naturalmente destinadas a argentinos y argentinas nativas” son mayoritariamente las peores (todos conocemos un médico venezolano o colombiano, pero cuidado con proyectar percepciones individuales), con las peores condiciones y salarios, sin paritarias ni niveles de organización política capaces de concientizar y defender sus derechos.
Según la última Encuesta Nacional Migrante, realizada en 2020 y liderada por un grupo de investigadores del CONICET, un 27% de los migrantes declaró tener problemas de inserción laboral, un 42% para consolidar una posición laboral estable y un 35% declaró no haber podido acceder a trabajos vinculados con sus conocimientos o experiencias previas. El 16% vive de changas o trabajos eventuales, el 4% trabajos de temporada o estacionales, el 6% labora en actividades no remuneradas y el 11% está desempleado.
Vamos ahora por los países de procedencia, otra verdad sepultada por el decálogo cultural de la xenofobia, que puede ser radical o “buenista”, término acuñado en España para los europeos de derecha que aceptan las migraciones, pero “para limpiar casas y culos” y con derechos sociales mínimos. ¿Alud de venezolanos y bolivianos como supo denunciar el Miguel del PRO (Pichetto, no Del Sel)? Veamos los datos.
No llegaron ayer: el 70% viven en el país desde hace 10 años o más. La mitad son de origen paraguayo y boliviano. Del total, el 51,6% son mujeres (1.568.350) y el resto varones (1.465.430) y sólo seis solicitaron DNI con género no binario. A partir de los 45 años de edad, aumenta la preminencia de mujeres –que son mayoría en el segmento etario 19-24 años– debido a la mayor sobrevivencia de las mismas en edades adultas.
Ser mujer y migrante es finalmente una doble discriminación (triple si es pobre o de rasgos amerindios). Según la encuesta citada, el 65% de los migrantes declaró haber sido discriminado una o varias veces. El 37% en la calle, el 29% en medios, internet o redes sociales, otro 29% en el trabajo y el 26% al realizar trámites en dependencias privadas o estatales.
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Es mundialmente reconocido que la Argentina es el primer país de América Latina en decretar el fomento a la inmigración (Primer Triunvirato, 1812), que también tuvo una Ley de Residencia o “expulsión” (1889) y de Defensa Nacional (1910) que detenía, torturaba y expulsaba por razones ideológicas y políticas, y que Juan Domingo Perón dispuso el Día del Inmigrante en la Argentina (1949) en un decreto en el que se ponderaba el rol de los extranjeros en la consolidación de la patria y se citaba por primera vez lo que luego se denominaría (Patria Grande Suramericana).
A 75 años de aquél reconocimiento político y con una ley reciente y de avanzada (25.871 del año 2004), las cifras más consistentes y oficiales dan cuenta de que lo que hace falta para hacer realidad una inclusión plena de derechos no son más leyes o decretos, sino que se cumpla lo consagrado y que todas las esferas del Estado (currículas escolares incluidas) posean una perspectiva migratoria positiva, que sean garantes de derechos que ya existen, aunque no se verifiquen en la vida cotidiana.
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