La inseguridad en el país es moneda corriente. La mayoría de los ciudadanos argentinos se han tenido que enfrentar a una situación delictiva sobre su vida o su propiedad. Según las últimas estadísticas brindadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación en el país hubo 1.493.733 hechos delictivos durante el 2017. La “buena” noticia es que, al menos, son cantidades inferiores al las del año anterior en el que se contabilizaron 1.502.676 hechos se inseguridad.
Ahora bien, en este contexto, el Gobierno nacional anunció que tratará en sesiones extraordinarias, un proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Concretamente propone que aquellos que delincan a partir de los 15 años serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas o secuestros.
La pregunta que queda en el tintero es: la medida ¿traerá consecuencias en las cifras de inseguridad?
La decisión del gobierno nacional de bajar la edad imputabilidad despertó un debate que yacía un tanto dormido en la sociedad. ¿Es eficaz bajar la edad de imputabilidad en país? ¿Quiénes serían los perjudicados? ¿Quiénes se beneficiarían? ¿Qué lugar tiene la víctima y el victimario en esta problemática?
En ese sentido, el ministro de Derechos Humanos y Justicia, Martín Casares aseguró de manera exclusiva en Aire de Santa Fe que buscan un “cambio de paradigma” que implique “responsablidad para todos los que cometen hechos delictivos”. Lo que proponen es un tratamiento integral y diferente para aquellos menores que delinquen.
En torno al debate habló en Aire de Santa Fe Damian Muñoz, Defensor público ante los Tribunales Orales de menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cotitular de la comisión de infancia de la Defensoría General de la Nación y aseguró que “los problemas complejos requieren soluciones complejas“.
“En Argentina algunos discuten el sistema penal juvenil como si fuese un superclásico y no es así. Hay muchísimas aristas que generan un debate muy complejo”, sostuvo.
En una primera aproximación, “es cierto lo que dice Martín Casares. Es cierto que hay que modificar la ley con la cual hoy litigamos que tiene la firma de Videla. Sin embargo, cambiar el paradigma no requiere cambiar esa ley”.
De esta manera opinó que “se está sobrevalorando una nueva ley penal juvenil como si fuese una panacea. Y eso es frustrante porque es absolutamente falso pensar que la seguridad ciudadana o prevención de delincuencia adolescente se logra con una ley de penal juvenil“.
Desde el Gobierno Nacional se fundamenta que la modificación de esta ley podría traer consecuencias en la cantidad de ilícitos que se cometen a lo largo y ancho del país. En torno a eso, Muñoz aseguró que “no existen cifras que certifiquen qué tipos de delitos hacen los adolescentes“.
Además agregó que “no es el mismo delito un sicario de un narco, un homicidio, un robo, o un arrebato de celular en situaciones de calle. Son problemas distintos que requieren soluciones distintas”.
Más allá del Código Penal, las leyes y el Gobierno Nacional, hay personas con nombre y apellido que son víctimas de delitos graves. En ese sentido, Muñoz explicó que “no hay nada más difícil que ser interpelado por la víctima de un delito. Quienes estamos en contra de la baja de imputabilidad no somos pro delincuentes. Yo me opongo al aumento del poder punitivo porque entiendo que genera más violencia”.
“Creo que ese chico de 15 años que mató en un hecho injustificado, no va a mejorar su situación si ingresa al poder punitivo. Hay que ser concretos. Un chico que cometió un delito grave puede estar 15 años preso, ¿cómo vuelve después de la cárcel? ¿Alguien puede pensar que va a volver mejor?”, cuestionó.
Finalmente sostuvo que la solución al problema de los menores que delinquen está relacionada con una intervención estructural. La prevención es una política pública que se hace con trabajo en territorio, con recursos comunitarios, con escuelas doble jornada, con mayor presupuesto en áreas de niñez”.
En Argentina las cifras sobre inseguridad se han mostrado descendientes en los últimos informes publicados por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Ahora bien, si hablamos del departamento La Capital esa línea de disminución se conserva también ya que hubo 20.539 hechos delictivos en 2017 en comparación al año anterior que fueron 23.135.
En la provincia se vuelve a repetir esta tasa de disminución. En este caso hablamos de 115.348 casos durante 2017 y 122.593 durante 2016.
La pregunta concreta es qué medidas se toman para disminuir los porcentajes de inseguridad notablemente. Y hasta qué punto encerrar a un joven de 15 años por un delito grave puede llegar a generar una disminución notable y real en la tasas de inseguridad de la ciudad, la provincia y el país.
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