Aborto, educación y muerte: la situación de Santiago del Estero
Al respecto, la Dra. Teresa Santillán, médica de una unidad primaria de atención de Santiago del Estero e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, habló en Sin Querer Queriendo.
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“En en interior de la provincia de Santiago del Estero, no llegan los métodos anticonceptivos otorgados por el gobierno porque no hay centros de salud”, afirmó la médica en materia de prevención de embarazos no deseados.
Cabe destacar que la proveeduría de anticonceptivos por parte de organismos públicos y su libre acceso es una de las patas clave del proyecto de ley que se tratará el 8 de agosto en Senado.
La situación sobre derechos reproductivos y salud de la mujer se agrava aún más cuando se trata de casos de abortos punibles. “Nosotros no tenemos acceso ni siquiera a abortos legales por violación por ejemplo. Tampoco tenemos educación sexual o proyecto de educación sexual integral en las escuelas”, destacó Santillán.
Aún garantizando el acceso a los varios métodos anticonceptivos, “ninguno tiene el 100% de efectividad” ante la posibilidad de concebir un embarazo. Por lo que siempre está presente ese margen en el que engendrar un hijo puede ocurrir aunque se prevenga.
Los tres senadores que representan a la provincia de Santiago del Estero en la cámara de Senadores de la Nación, ya vaticinaron su voto ante el 8A: en contra del proyecto.
Además, según confirmó la Dra. Santillán, “ingresa un proyecto de ley para que Santiago se declare ‘provida’, presentado por el bloque de diputados de cambiemos”. “No puede ser ese, el tipo de respuestas a lo que pasó, es una insensibilidad absoluta”, expresó.
Para la médica que integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, los fundamentalismos que debaten muchos de los opositores al proyecto, tienen que ver con “creencias personales” y éstas “pertenecen al fuero íntimo de las personas”.
“El Estado debe proteger la vida y debe ver este tema como un problema de salud pública”, argumentó.
En cuanto a políticas de salud y los supuestos riesgos quirúrgicos que indicarían un aborto garantizado por el estado, Santillán afirmó que “hay investigaciones que confirman que un aborto seguro implica un riesgo de salud del 0,5%”.
