El gobierno de Santa Fe lanzó controles antidoping sorpresivos y obligatorios para policías, penitenciarios y funcionarios del Ministerio de Seguridad.
Hasta el momento se realizaron 27 tests, pero el número total no será difundido para evitar previsibilidad.
Comenzaron a aplicarse narcotests sorpresivos y obligatorios a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad de Santa Fe, incluidos funcionarios políticos del Ministerio de Justicia y Seguridad.
La medida, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni, busca detectar el consumo de estupefacientes entre agentes policiales, personal del Servicio Penitenciario y autoridades ministeriales. “Queremos la mejor fuerza del país, y eso implica depurar, controlar y actuar con ejemplaridad”, aseguró Pullaro, quien fue uno de los primeros en someterse al test.
Los estudios —hisopados bucales que detectan cocaína, metanfetaminas, opioides y psicofármacos como clonazepam— son realizados por la Fundación Argentina de Toxicología, una entidad con aval nacional. Se seleccionan aleatoriamente y sin aviso, con el objetivo de evitar cualquier tipo de preparación previa o manipulación de resultados.
Los narcotests tienen consecuencias claras: quienes den positivo y ocupen funciones sensibles como investigaciones o contacto con internos, serán apartados. Si se trata de cuadros jerárquicos, directamente perderán la confianza institucional, según explicó Cococcioni. Para los casos de consumo problemático en niveles subalternos, se prevé tratamiento y seguimiento médico antes de cualquier reincorporación.
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El sistema también se aplicará como requisito para ingresos y ascensos dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario, y retoma una política que Pullaro ya había iniciado en 2017 cuando era ministro.
El mensaje es firme: “Quien investiga narcotráfico no puede consumir drogas. No se trata de perseguir al consumidor, sino de garantizar que quien combate el delito no sea parte del problema”, expresó el gobernador.
El circuito de entrega de resultados garantiza confidencialidad y jerarquía. El análisis se entrega en sobre cerrado al superior correspondiente, y en el caso de los funcionarios políticos, al gobernador. “Es una medida que muestra que todos estamos sometidos a las mismas reglas, sin privilegios”, sostuvo Cococcioni.
Hasta el momento se realizaron 27 tests, pero el número total no será difundido para evitar previsibilidad. La medida forma parte de un plan de seis meses, con posibilidad de prórroga, y se complementa con otros mecanismos de control como informes ambientales y estudios de confiabilidad para ascensos.
Con esta decisión, Santa Fe instala un nuevo estándar de control institucional en el país. “No hay excusas. El que no puede pasar un narcotest, no puede formar parte de nuestras fuerzas de seguridad”, sentenció Pullaro.
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