Siete meses después de que el Poder Ejecutivo reglamentara la ley que crea el "Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos" con el objetivo de frenar el robo de cables y otros artefactos de cobre en la vía pública, la ciudad de Santa Fe aún no adhirió a esta norma. Por ese motivo, la concejala Titi Barletta presentó un proyecto en este sentido, para que cuanto antes se aborde la problemática que se viene agravando durante los últimos tiempos.
El robo de cables genera enormes pérdidas a la Empresa Provincial de la Energía, que debe reponer infraestructura imprescindible para brindar el servicio.
La ley fue impulsada por el exdiputado provincial Oscar "Cachi" Martínez y aprobada en la Legislatura de Santa Fe durante la primera mitad del año pasado.
En el programa Creo, que cada mañana conduce José Curiotto en AIRE, la concejala Barletta remarcó la importancia de avanzar rápidamente en el tratamiento y aprobación de esta ordenanza: "En las próximas semanas, seguramente la ciudad de Santa Fe estará adherida a esta norma", adelantó.
De todos modos, reveló que ya existieron conversaciones con el intendente Juan Pablo Poletti, con el objetivo de incrementar los controles sobre las chatarrerías que venden materiales no ferrosos, de los que no existen registros sobre su origen.
En estos momentos existe fuerte preocupación en la ciudad de cables en distintos barrios y también por el robo de piezas de cobre de los reguladores de los sistemas de gas naturas de domicilios particulares, colegios, clubes y hasta vecinales.
Sin energía, teléfono, internet o televisión
Además de cada robo en particular, este tipo de delito termina afectando a la población en general que se queda sin servicios de energía eléctrica, internet, televisión o telefonía. Incluso, en el caso de los medidores de gas se plantea el riesgo constante de accidentes o explosiones.
Los ladrones no solo buscan cables o caños de reguladores de gas natural, sino también partes de los medidores de Assa, porteros eléctricos y hasta picaportes. Barletta indicó que se llegan a pagar 6.000 pesos por cada kilo de cobre, por lo que resulta un negocio rentable tanto para el ladrón, como para el revendedor.
En el registro de acopiadores y comercializadores de metales no ferrosos deberán estar inscriptas todas las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de carácter comercial o industrial, sea como actividad principal o accesoria, en forma permanente o eventual con metales no ferrosos.
Con la aprobación de la ordenanza se permitirá al municipio participar en la inspección y contralor de los establecimientos que funcionan en la ciudad ejerciendo esta actividad, sobre la base del cumplimiento de la ley provincial.
Además, contribuirá a regularizar la situación de vendedores, titulares o responsables de comercios y locales, que realicen actividades con metales no ferrosos, quienes además deberán llevar un libro rubricado donde consten datos sobre la compraventa y las personas que lo comercialicen.
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