Con el juego virtual legal, el gobierno pretende recuperar esos ingresos perdidos que provienen de la timba autorizada.
A través del decreto Nº 998 del 21 de setiembre pasado el gobernador Omar Perotti le otorgó la concesión por 15 años a los tres casinos de la provincia (Rosario, Santa Fe y Melincué) para que exploten el juego virtual, con un canon del 12 por ciento.
Esta decisión disparó las críticas de legisladores de la oposición, como el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, que –en diálogo con Aire de Santa Fe- consideró que la administración de Perotti “armó un negocio a la medida de los casinos” autorizados, con una recaudación estimada de 1.000 millones al año”.
El gobierno argumenta que con la pandemia y los tres casinos cerrados dejaron de facturar unos 1400 millones de pesos en estas tres salas de juego. En 2018, el último registro oficial publicado por la Lotería de Santa Fe, los casinos “distribuyeron utilidades” a ese organismo por 1.009.149.066 pesos. En Rosario, City Center es el mayor contribuyente de la Municipalidad de Rosario.
A través del decreto Nº 998 del 21 de setiembre pasado el gobernador Omar Perotti le otorgó la concesión por 15 años a los tres casinos de la provincia (Rosario, Santa Fe y Melincué) para que exploten el juego virtual, con un canon del 12 por ciento.
Este año esa caja del Estado quedó está vacía debido a que desde el 19 de marzo pasado, con el decreto de aislamiento social obligatorio por la pandemia, se cerraron las salas y nunca más pudieron abrir. El impacto en las cuentas es duro, a causa de la caída de la actividad económica que en los primeros siete meses del año fue del 2,2 por ciento, según el Índice Compuesto de la Actividad Económica de Santa Fe, pero que arrastra 31 meses de recesión con una contracción de más del 10 por ciento en ese periodo.
Con el juego virtual legal, el gobierno pretende recuperar esos ingresos perdidos que provienen de la timba autorizada. Pero durante la pandemia, según indicó el vicepresidente de la Caja de Acción Social Rodolfo Cattaneo, en una de las tres resoluciones que acompañan al decreto, hubo una “inusual proliferación” de actividades ilegales.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta se dispone a que los casinos del Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante en Puerto Madero puedan también incursionar en el juego online. Esas salas están en manos de Cristóbal López, a quien Elisa Carrió, aliada de Larreta, puso como límite al exigirle al jefe de Gobierno porteño que incluya una cláusula en la nueva normativa que establece que esas licencias no se les pueden otorgar a personas que tengan problemas en la justicia.
En Santa Fe, Pullaro fue el que marcó su oposición a la idea de Perotti de abrir el juego a los casinos a la timba virtual. Presentó una denuncia penal al entender que el decreto “es ilegal” y que se hizo “de espaldas a la sociedad y a la Legislatura”.
En un proyecto que presentó en la Legislatura, el ex ministro de Seguridad señala que el decreto de Perotti desnaturalizó la ley N° 11.998 hacia, que se sancionó a fines de 2001, que habilitó la instalación de los tres casinos. En esa normativa se remarcaba de manera expresa "el compromiso de implementar medidas de promoción turística en general". “El juego online no aporta ningún beneficio en materia turística, si uno puede apostar desde cualquier lado”, apuntó.
Leer más ► Golpe contra el juego ilegal online: movían 400 millones al año
La semana pasada el Tribunal de Cuentas de la provincia realizó varias observaciones al decreto firmado por el gobernador, entre ellas, que "la modalidad online o virtual no se encuentra regulada en la actual ley 11.998, ya que esta solo autoriza los casinos y bingos físicos o presenciales", y que "el Poder Ejecutivo no se halla facultado para autorizar el desarrollo de la actividad mediante el dictado de una norma de inferior rango", como el decreto.
El otro punto que cuestiona el organismo de contralor es la extensión en el tiempo de la habilitación para que operen de manera virtual, que es de 15 años. "Si bien el fundamento para conceder estas nuevas autorizaciones está dado por la suspensión de las actividades de los casinos en función de la pandemia de covid19 y sus consecuencias, el plazo por el cual se otorgan se extiende hasta el vencimiento de la concesión", señala la resolución.
"Dicho argumento aparece como insuficiente para fundar una habilitación de semejante extensión temporal; y por lo tanto el acto se encuentra viciado por no contar con la motivación suficiente", agrega. Además, el Tribunal de Cuentas plantea que "la habilitación que por el acto administrativo bajo análisis se pretende otorgar no se encontraba expresamente prevista en el pliego, generando un cambio en los términos de la concesión oportunamente dispuesta”.
A la par de esta compleja trama en torno al juego legal y a un negocio millonario, en la justicia santafesina se desató de pronto otra batalla por la timba ilegal. En una provincia donde se produjeron 319 homicidios en los primeros diez meses del año, muchos de ellos ligados en Rosario a tramas narcocriminales, la atención recayó en el juego ilegal a partir de la causa que llevó a prisión a los fiscales Gustavo Ponce y Patricio Serjal, acusados de recibir dinero del “capitalista de juego clandestino” Leonardo Peiti, que se arrepintió y contó detalles del pago de sobornos a estos funcionarios judiciales que supuestamente le garantizaban protección.
A partir de esta investigación que llevaron adelante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que se originó con el atentado al casino City Center en enero pasado, cuando fue asesinado un apostador que había salido a fumar un cigarrillo, un ataque organizado por Los Monos, nació otra causa en Rafaela, donde manejaba una red de casinos ilegales David Perona, quien también se arrepintió. Peiti confesó pagar coimas a los dos fiscales, mientras que Perona admitió que abonaba entre 120.000 y 280.000 pesos cada 15 días, entre 2015 y 2017, a cinco jefes policiales de la Unidad Regional V, de Rafaela.
Una semana después de que eclosionara la causa en Rafaela, explotó otra en Vera, que activó 40 allanamientos en distintas partes de la provincia, 15 de ellos en Rosario. En este caso el negocio del juego ilegal no es en lugares físicos, como en Rosario y Rafaela, sino que a través de internet.
La semana pasada, cuatro policías retirados y uno en actividad que quedaran detenidos por 90 días, entre ellos, como Juan Pablo Bengoechera, que fue jefe de la URV y también de la URII, de Rosario; José Pérez, que llegó a ser subjefe de la Policía de Santa Fe; Fabián Forni, ex titular de la URIX de Reconquista, que pidió su pase a retiro en diciembre pasado en oposición a los cambios que hizo el Ministerio de Seguridad en la fuerza. También fue imputado Javier Gorosito, ex jefe de Orden Público de Rafaela, y Flavio Aranda, quien es el único de los detenidos que se encuentra en actividad; fue titular de la Agrupación Cuerpos en la época en que Bengoechea era jefe de la Unidad Regional de Rafaela.
Las imputaciones abarcan a estos cinco policías que supuestamente cobraron coimas durante la gestión del Frente Progresista a nivel provincial. Desde ese espacio político señalaron que los locales donde funcionaban los casinos de Perona fueron habilitados para funcionar con otros rubros por la intendencia de Rafaela.
Una semana después de que eclosionara la causa en Rafaela, explotó otra en Vera, que activó 40 allanamientos en distintas partes de la provincia, 15 de ellos en Rosario. En este caso el negocio del juego ilegal no es en lugares físicos, como en Rosario y Rafaela, sino que a través de internet.
Aunque nadie lo admite públicamente esta investigación, que habría comenzado en diciembre pasado en Vera a partir de escuchas telefónicas, parece servir para limpiar el negocio del juego virtual que fue otorgado a los casinos legales.
Esta organización, comandada por Fabricio Ciamporcero, sindicado como uno de los dos jefe de una asociación ilícita, y el ex defensor de Rosario Central Marcelo Toscanelli, movía alrededor de 400 millones al año, a través de venta de créditos para apostar en la plataforma Aconcagua Poker.
Leer más ► El juego clandestino mueve en la provincia de Santa Fe 1.100 millones de pesos mensuales
El viernes pasado, el juez Martín Gauna Chapero ordenó la detención de Ciamporcero, quien vive en Malabrigo, por pedido del fiscal Gustavo Latorre.
Latorre precisó en la audiencia que “en la investigación también surgió que los dos jefes de la organización criminal están involucrados en la compra y venta de caballos de carreras, propiedades inmuebles, embarcaciones, vehículos de alta gama y demás bienes suntuarios”.
“Todas esas transacciones fueron hechas con dinero proveniente del juego clandestino, lo que significa que dicho dinero no era declarado y circulaba informalmente, o si era declarado no estaba suficientemente justificada su procedencia”, apuntó.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario