Quién es el juez de Reconquista Fabián Lorenzini que abandona la causa Vicentin

Este viernes se conoció que el magistrado abandonará la causa por lo que entiende como “violencia moral”. Lorenzini recordó que en esos tres años sorteó “numerosos pedidos de recusación, planteos de incompetencia, críticas y postulaciones de la más diversa índole jurídicas, políticas y económicas, pero un pedido de juicio político en las actuales circunstancias de alta sensibilidad, me expone en un grado que no me parece apropiado ni digno tolerar”.

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La Procuración de la Corte ya habría recomendado no hacer lugar al pedido de enjuiciamiento de Lorenzini, pero hasta el momento la Corte Suprema no se expidió sobre el pedido de jury.

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Lorenzini ya remitió el expediente (que acumula más de 10.000 fojas) al juzgado civil y comercial N°3 de Reconquista, a cargo de Ramiro Avilé Crespo. El magistrado puede aceptarlo o rechazarlo. En caso de que lo rechace, define el destino la Cámara Civil y Comercial de Reconquista.

Qué dijo el denunciante de Lorenzini

El abogado Gustavo Feldman, quien el año pasado motorizó el pedido de jury contra Lorenzini, dijo que no cree que los motivos que expuso el magistrado sean ciertos. “Creo que se excusa para no tener que firmar la caducidad del período de exclusividad y la apertura del cram down”, afirmó. En diálogo con AIRE, abundó, duró con el magistrado. “¿Ahora siente violencia moral? ¿Ahora reconoce que estábamos ante un caso sui generis en el que el cuidado de los acreedores debió ser mucho mayor? Todo lo que los fiscales (penales) de Rosario le enviaron (en relación a las imputaciones al directorio por estafa y otros delitos) Lorenzini siempre puso «ténganse presente» y ahí quedó”.

Si bien la Corte en noviembre pasado rechazó avocarse el concurso y ordenó devolvérselo a Lorenzini, lo hizo con una serie de requerimientos que condicionaban al juez del concurso y que prácticamente hacían inviable que homologara la oferta de pago de Vicentin, por más que esta había conseguido los pisos de aceptación que exige la ley.

El máximo tribunal, en apretada síntesis, le marcó la cancha: que tenga cuidado de no interferir en el proceso penal que se sigue en Rosario a los directivos (la oferta de pago estaba condicionada a la venta de activos de la agroexportadora que están inhibidos, o sea que no pueden venderse); que la propuesta de pago no sea abusiva; que atienda las advertencias que hizo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en relación a que el ingreso de inversores para pagar podría derivar en una mayor concentración del mercado agroexportador); y que preserve las fuentes de trabajo.