Los tres ejes de la estrategia de Santa Fe para reducir la cantidad de armas en circulación
Una ley nacional, una ley provincial y un convenio con el Registro Nacional de Armas: los pilares del plan para reducir la tenencia y circulación de armas en Santa Fe.
Las estadísticas oficiales del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe indican que el 94,4% de los 18 homicidios que se produjeron en el departamento La Capital durante le primer semestre de 2026, fueron con uso de armas de fuego.
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El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, advirtió que estos números no permiten concluir, necesariamente, que existan más armas de fuego en circulación, ya que surgen sobre la base de un dato estadístico clave: el universo de homicidios se redujo drásticamente durante los últimos años; pasando de 83 asesinatos en el primer semestre de 2014, a 35 en 2023 y a 18 casos durante el mismo período de 2026.
En estos momentos, el Gobierno de Santa Fe trabaja en una estrategia de tres ejes fundamentales para mejorar los controles y reducir la cantidad de armas en manos de particulares, que en gran medida suelen terminar en el mercado negro.
Durante los últimos tiempos se multiplicaron las causas judiciales relacionadas con "prestanombres" para la compra de armas en el mercado legal: personas sin antecedentes penales, que se presentan en armerías para adquirir armamento, pero que en realidad operan de manera coordinada con delincuentes.
Según explicó Cococcioni, los tres pilares sobre los que se sostiene la estrategia de Santa Fe -además de los controles preventivos en las calles- son los siguientes:
- Aplicación de la ley nacional 27.805, que extendió la vigencia del Programa de Entrega Voluntaria de Armas en todo el país y que se encuentra vigente.
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Ley provincial que amplía el programa de recompensas que puede entregar el Poder Ejecutivo de Santa Fe.
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Convenio con el Renar (Registro Nacional de Armas) para delegar en la Provincia los mecanismos de control y para acceder a la base nacional de datos.
En la ciudad de Santa Fe, el Renar ni siquiera cuenta con una sede. Y según fuentes consultadas por AIRE, apenas se mantiene un empleado que se maneja desde su domicilio particular con una computadora.
La presidenta de la Asociación de Legítimos Usuarios de la Provincia de Santa Fe (Aluasafe), Claudia Córdoba, advirtió: "El problema es que, para realizar controles presenciales en armerías o en centros de tiro habilitados, debemos esperar que llegue gente desde Buenos Aires. Obviamente, se producen demoras".
"De hecho, nosotros nos vimos desbordados por las consultas de los usuarios, pero no somos el Renar", insistió.
Entrega voluntaria de armas
En junio de este año, el presidente Javier Milei promulgó la ley 27.805, que establece un régimen excepcional de amnistía y un plazo de 360 días para que los propietarios regularicen armas de fuego sin registrar o con documentación irregular ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
La misma ley amplía la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, que permite a cualquier ciudadano entregar armas y municiones de forma totalmente anónima, a cambio de un incentivo económico, sin sufrir consecuencias legales, ni sanciones.
Esas armas deben ser destruidas y convertidas en chatarra, para impedir que vuelvan a circular o sean utilizadas en hechos ilícitos
El Gobierno de Santa Fe quiere aprovechar este contexto nacional, para incentivar la entrega de armas en la provincia.
Ley provincial para ampliar el programa de recompensas
En mayo de este año, el Poder Ejecutivo de Santa Fe envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley denominado “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, con una serie de puntos clave que apuntan a modificar el Código Procesal Penal, a otorgar mayores facultades de investigación a la policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y agilizar determinados procesos judiciales.
En ese paquete de normas y entre otras propuestas, el Gobierno plantea la necesidad de ampliar el programa de recompensas, de tal manera que el Ejecutivo pueda ofrecerlas de manera directa, no solo cuando existan investigaciones criminales en manos de un fiscal, sino también para incentivar el desarme voluntario o las denuncias sobre presencia de armas ilegales.
El diputado provincial Martín Rosúa, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja, explicó que en estos momentos se analiza el paquete de medidas que propone el Ejecutivo, para saber en qué puntos existen acuerdos y, a partir de entonces, convocar a una reunión conjunta de Seguridad y Asuntos Constitucionales para avanzar en el tratamiento.
La ampliación de la posibilidad de que el Ejecutivo pague recompensas sin participación del MPA, aparece como uno de los puntos menos conflictivos del paquete de leyes.
Controles en armerías y propietarios particulares de armas
El tercer eje sobre el que se apoya la estrategia de Santa Fe para reducir la circulación de armas de fuego apunta a mejorar los controles sobre armerías y propietarios de armas registrados.
En este sentido, Cococcioni reveló que se trabaja en un convenio con el Gobierno nacional, para que delegue facultades de control del Renar, en organismos de seguridad de Santa Fe.
El Renar debe -o debería- controlar el stock y trazabilidad de armas y municiones en locales comerciales dedicados al rubro en todo el país.
Esto incluye fiscalizar el ingreso, egreso y existencia de armas de fuego, municiones y materiales controlados mediante registros oficiales actualizados; controlar que cada operación de venta de armas o rezagos de municiones se realice exclusivamente a personas con credencial de legítimo usuario y exigir el registro de los formularios legales correspondientes para cada transferencia o tenencia de material comercializado.
También debe -o debería- inspeccionar las medidas de seguridad física, sistemas de guarda y condiciones de almacenamiento del local comercial, para prevenir robos o accidentes con pólvora y municiones
Pero eso no es todo: el Estado nacional también tiene la responsabilidad de realizar controles en domicilios particulares de legítimos usuarios de armas de fuego, para corroborar que cumplan con las disposiciones que exige la Ley Nacional de Armas y Explosivos.
En Argentina, los legítimos usuarios deben declarar un Sector de Guarda (SDG) en su domicilio y almacenar las armas descargadas en lugares seguros bajo llave (como armarios, cajas fuertes o armeros), fuera del alcance de menores o personas no autorizadas.
Las normas de almacenamiento varían según la cantidad de armas registradas en cada domicilio.
- Categoría G1 (hasta 9 armas): requiere medidas básicas como armarios con cerradura, gavetas bajo llave o sistemas de bloqueo/candados específicos para armas.
- Categoría G2 (de 10 a 49 armas): exige mayores medidas de seguridad pasiva, que pueden incluir puertas con cerraduras de seguridad doble paleta, alarmas monitoreadas, espacios más robustos o armeros metálicos pesados.
- Categoría G3 (más de 49 armas): requiere medidas de seguridad de alta complejidad y fiscalización especial por parte del organismo de control.
El ministro Cococcioni aseguró que la Provincia de Santa Fe está dispuesta a asumir esta responsabilidad de control a través de la Policía, pero que en estos momentos no lo puede hacer porque es indispensable que desde Nación se deleguen esas facultades.
