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Santa Fe Rosario | toma de tierras | usurpación

La toma de tierras en Rosario, un fenómeno que creció durante la pandemia

Con un alto déficit habitacional en la ciudad, donde hay 174 villas, según la ONG TECHO, durante las últimas semanas se sumó el problema de la usurpación de terrenos. Buscan evitar en la provincia que los desalojos terminen como en el predio de Guernica en Buenos Aires.

La imagen de los disturbios en el desalojo del predio de Guernica en el partido de La Matanza, en Buenos Aires, el jueves pasado, con topadoras que arrasaban ranchos de madera y cartón, y manifestantes que lanzaban piedras a la policía, que a su vez les arrojaba gases lacrimógenos, quedó marcada a fuego en Santa Fe.

Nadie quiere que esa muestra de tensión, que en cualquier momento puede terminar de estallar, sea la salida para solucionar el problema de la toma de tierras, que en Rosario amenaza con transformarse en un foco de conflicto. Durante el último mes y medio en dos tomas de tierras en el oeste de esta ciudad aparecieran más de 200 familias para instalarse en esos terrenos privados, que ya estaban ocupados.

“Este terreno está ocupado desde hace tiempo. Yo estoy hace cuatro años, pero como la gente no tiene dónde vivir en las últimas semanas llegaron muchas familias. La mayoría es gente trabajadora: changarines, jardineros, albañiles, gente que no puede pagar un alquiler”, explicó a Aire de Santa Fe Antonella Salinas, que vive en el predio ocupado detrás del mercado de concentración de Fisherton. Esta mujer coordina un comedor comunitario donde entregan 200 raciones de comida por día. “La gente no se va a ir porque no tiene dónde”, advirtió.

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Desde la ONG Techo estiman que hay 50 mil familias viviendo en 174 asentamientos informales.

Desde la ONG Techo estiman que hay 50 mil familias viviendo en 174 asentamientos informales.

La mirada de esta vecina de ese nuevo barrio que amplió durante las últimas semanas, cuando se sumaron más de 120 familias, entre ellas, 75 niños, choca contra la del dueño del predio de cuatro hectáreas, que hace dos semanas amplió una denuncia por usurpación y quiere que ese inmueble sea desalojado.

“Creemos que la toma de este terreno está organizada, porque en pocos días, a partir del 20 de setiembre pasado empezaron a llegar familias con materiales de construcción”, afirmó a Aire de Santa Fe el abogado Julio Rodrigo. Pero el letrado no arriesga ni detalla qué sector político. “Hay 130 imputados y en los próximos días se debe hacer una audiencia imputativa”, adelantó.

Aunque a una escala mucho menor, la toma de tierras en Rosario aparece como conflicto que preocupa porque podría ser fruto de un efecto cascadas del que se originó en la provincia de Buenos Aires. La usurpación de terrenos en Victoria, partido de San Fernando, comenzó el 23 de agosto pasado, cuando decenas de familias se instalaron en un predio de los talleres del ferrocarril Mitre. Le siguieron las tomas de tierras en Guernica, en el partido de La Matanza y en la localidad Los Hornos, de La Plata. El jueves pasado la policía bonaerense desalojó el terreno en Guernica con una fuerte represión y se desataron serios disturbios.

Estas zonas de extrema de fragilidad social y pobreza en el conurbano bonaerense son similares a las de la periferia rosarina. Los últimos datos de pobreza difundidos por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) sitúan a Rosario como uno de los cinco aglomerados con mayor pobreza del país, al alcanzar el 41,8 por ciento, una situación que afecta a 551.802 personas que no alcanzan a cubrir la canasta mínima de bienes y servicios.

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A esto se suma el aumento de la indigencia, que alcanzó en el Gran Rosario el 13,3 por ciento en el primer trimestre del año y afecta a son 176.166 personas que no pueden comprar los alimentos básicos con sus ingresos.

En 2016 la ONG Techo reveló en un informe del conurbano de Rosario y su aglomerado metropolitano que hay 50 mil familias viviendo en 174 asentamientos informales, con múltiples déficits en cuanto a condiciones de vida y hábitat.

Desde el municipio de Rosario señalaron que siguen con atención el tema, pero que por ahora no les parece que tenga similitudes con el proceso de toma de tierras que se dio en la provincia de Buenos Aires. “El municipio monitorea el tema de las usurpaciones de manera permanente. Ya hubo algunos problemas a principios de este año, pero no vemos que haya una conflictividad particular en este momento”, señaló Nicolás Gianelloni, secretario de Desarrollo Humano.

Marcelo, un jardinero que participó de la toma de los terrenos en el oeste de Rosario, aseguró que “no hay nada raro” y consideró que la necesidad los llevó a armar sus casas en ese lugar pero que, cuando puedan, van a pagar.

Hay 50 mil familias viviendo en 174 asentamientos informales, destacó un informe de la ONG Techo

El concejal de Juntos por el Cambio Carlos Cardozo instó a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación que ordene el desalojo de los terrenos tomados. El edil pidió que “con extrema urgencia la Policía de Santa Fe disponga una custodia permanente a los efectos de que no avance el loteo ilegal del predio tomado y se cumpla con la protección de la propiedad privada”.

En la ciudad de Santa Fe la toma de terrenos comenzó antes de la pandemia. Fueron unas 60 familias que en febrero pasado tomaron un predio de Vialidad Nacional, donde construyeron casas precarias. Recién el 1º de octubre y después de varias idas y vueltas se produjo el desalojo ordenado por el juez federal Francisco Miño. No se produjeron incidentes.

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Ante la presencia de funcionarios municipales y provinciales, las personas desarmaron las casillas y carpas y cargaron todo en camiones del municipio, por lo que el predio quedó desocupado y bajo custodia policial.

El lunes pasado las familias que ocupan un terreno detrás del Mercado de Concentración de Rosario realizaron una protesta y cortaron la calle para expresar su rechazo a un posible desalojo. Llamó la atención que los carteles que portaban las familias eran de cartulinas de distintos colores, con letras impresas en una computadora.

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La otra toma de tierra se llama La Cariñosa, donde hay asentadas unas 500 familias desde hace por lo menos más de cuatro décadas, aunque en las últimas semanas los terrenos comenzaron a llenarse de nuevos habitantes. Este predio está ubicado en el oeste de Rosario, en Avellaneda y Avenida Circunvalación.

Ese predio fue comprado este año por el empresario Armin Juan Reutemann, cuando en esas tierras ya estaban asentadas cientos de familias. Más de un centenar de vecinos son representados por el Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular.

El 5 de octubre la jueza Cecilia Camaño ordenó el desalojo, aunque convocó a una reunión el miércoles próximo a los representantes de los vecinos y el propietario para buscar una solución consensuada. Los vecinos planean realizar una protesta en los tribunales.

Desde la Concejalía Popular señalaron a los medios que “no es una caso de toma de tierras ni de usurpación. La parte actora aprovecha el momento como si fuera un mismo problema cuando en realidad acá no hay más que un negocio inmobiliario de un privado que compró tierra que estaba en un terreno consolidado como un barrio de muchos años de existencia”.

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La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana, aseguró que en la provincia “no se va a desalojar ninguna usurpación con violencia” y habló sobre una toma de terrenos que tiene lugar en la ciudad de Rosario, afirmando que se actuará “con prudencia”. Asimismo, remarcó que se implementará el mismo procedimiento que se llevó adelante en el barrio Transporte de la ciudad de Santa Fe.

El subsecretario de Planificación del Hábitat en Santa Fe, Ignacio Rico, detalló las dificultades que atraviesan miles de personas en la ciudad de Rosario en relación al tema vivienda. Dentro de las problemáticas habitacionales destacó la precariedad en las construcciones y la falta de acceso a servicios básicos.

En primer lugar le puso número a la situación que atraviesa un sector de la población y señaló: “Alrededor de 100.000 rosarinos están en precariedad en cuanto al hábitat”. Agregó que más que una emergencia habitacional “hay una emergencia de acceso al suelo en Rosario, en la provincia y en toda Argentina”.

En declaraciones a LT8, detalló que “los sectores populares no tienen alternativa de poder acceder a un pedazo de tierra”. Por eso mismo la iniciativa del gobierno provincial tiene que ver con utilizar tierras fiscales para garantizar acceso a un lugar donde vivir.

“Con la situación social por la pandemia venimos trabajando para saber cuales son los barrios con mayor nivel de hacinamiento”, destacó Rico, y adelantó que desde la subsecretaría que encabeza, avanzarán con políticas públicas para que las familias puedan asentarse con mayores comodidades.