La segunda reforma en seguridad de Pullaro: más poder para fiscales y policías, y una coalición que quedó resentida
El gobierno retuvo el núcleo del proyecto, pero tuvo que resignar los tres puntos más duros para no perder al socialismo. La negociación dejó a la vista las diferencias dentro de Unidos de cara a 2027.
El gobierno de Maximiliano Pullaro consiguió el jueves la media sanción de su segunda reforma en seguridad, un paquete que modifica alrededor de media docena de leyes provinciales, entre ellas el Código Procesal Penal, la ley de inteligencia, la ley penitenciaria y la orgánica de la Policía. Hubo 11 votos en contra. El texto pasa ahora al Senado.
Te podría interesar
El proyecto había ingresado en mayo y quedó congelado mientras la reforma electoral ocupaba la agenda. Volvió a discutirse en medio de una disputa que estuvo cerca de quebrar la coalición oficialista.
Cambio de estrategia: de la calle a las reglas procesales
La primera tanda de leyes, aprobada en diciembre de 2023 con Pullaro recién asumido, fue la base del plan de seguridad que el gobierno exhibe como su principal logro, con la caída de los homicidios en Rosario como dato central. La segunda etapa tiene otra lógica. Ya no se trata de desplegar fuerzas, sino de cambiar las reglas del proceso penal y del sistema penitenciario para consolidar lo conseguido.
El diagnóstico del Ministerio de Justicia y Seguridad, que conduce Pablo Cococcioni, es que el proceso penal santafesino tiene demoras y controles que las organizaciones criminales aprovechan. La respuesta es dar más margen a fiscales y policías en la etapa inicial de las investigaciones, cortar la comunicación de los jefes presos con el exterior y anticiparse con inteligencia. Pullaro lo resumió en una consigna: "O manda el Estado o mandan las organizaciones criminales".
Medidas clave del nuevo régimen de seguridad
Presos de alto perfil. Crea un régimen agravado para los internos que ordenen delitos graves desde la cárcel: aislamiento extremo, suspensión de las visitas físicas y contacto familiar limitado a correspondencia fiscalizada. Es la respuesta a un patrón conocido en Rosario, donde balaceras, extorsiones y homicidios se ordenaron desde las prisiones.
Inteligencia. Incorpora de manera expresa el espionaje digital y electrónico, incluido el ciberpatrullaje, como fuente del sistema de inteligencia criminal.
Recompensas. Habilita al Poder Ejecutivo a ofrecer recompensas fuera de una investigación concreta, con fines preventivos.
Juicio en ausencia. Amplía los casos en que se puede juzgar a un imputado prófugo. Tras los cambios, se exige probar que el acusado conocía la causa, y la condena es revisable.
Allanamientos de urgencia. El proyecto original permitía allanar sin orden judicial cuando se secuestraban armas o explosivos en la vía pública. La versión aprobada exige orden del fiscal y control judicial posterior.
Fiscalía. El texto original habilitaba a los fiscales a ordenar el derribo de inmuebles usados para microtráfico, imponer medidas no privativas de la libertad por decreto y aplicar un procedimiento simplificado para delitos de bajo impacto.
Modificaciones y concesiones para destrabar el debate
Para conseguir los votos, el oficialismo eliminó la restitución de la declaración del imputado sin la presencia obligatoria de un abogado defensor, uno de los puntos que más resistencia generó entre jueces y defensores.
También se retiraron las zonas de intervención policial especial, que permitían controles de acceso, restricciones a la circulación y detenciones de hasta 24 horas en áreas definidas por indicadores de criminalidad. Daniel Erbetta, juez de la Corte Suprema provincial, había advertido que suspender derechos en una zona era "equiparable a un Estado de sitio". El diputado radical Martín Rosúa, negociador del oficialismo, anticipó que el gobierno insistirá con esa figura en una ley específica.
Las objeciones al proyecto original llegaron desde la Corte, la Defensa Pública, algunos fiscales, especialistas en derecho penal y constitucional y organizaciones civiles. El argumento común fue que la reforma trasladaba a la policía el control de una parte del proceso penal. El constitucionalista Oscar Blando reconoció mejoras en el texto final, aunque sostuvo que el proyecto "se debió rechazar".
Los radicales afirman que el texto aprobado es el del gobierno; los socialistas, que fue modificado de manera sustancial.
Rosca política y momentos críticos en la coalición
El Partido Socialista tiene 14 diputados y controla la Cámara baja; sin ellos, el proyecto no superaba los 20 votos. En la Casa Gris llegaron a evaluar retirar el proyecto o armar una mayoría sin el PS, y en el radicalismo aseguraban tener los votos.
Pullaro calificó la postura de los críticos como "garantismo bobo" y algunos funcionarios acusaron a los opositores de actuar como "abogados de los narcos". La socialista Lionella Cattalini respondió que el gobierno intentó ubicarlos "del lado del delito" y apuntó contra Federico Angelini, del PRO, hoy funcionario de Seguridad. Joaquín Blanco mostró una foto de Hermes Binner con Cococcioni, que fue funcionario en gobiernos socialistas, para remarcar que el objetivo era corregir una reforma inviable y no debilitar la seguridad.
El acuerdo se cerró en un plenario de comisiones tras negociaciones que llegaron hasta la medianoche del miércoles. Pullaro admitió que el proyecto podía mejorarse y dijo que las diferencias entre los socios son parte del funcionamiento de la coalición. Blanco celebró que la ley tenga ahora "legitimidad y futuro".
"Se consumaron muchas cosas que sospechábamos", dijo una fuente oficial. En el socialismo hay quienes hablan de una "naturaleza hegemonista" del pullarismo.
El juego de fuerzas dentro de Unidos y el horizonte 2027
De fondo hay un problema de diseño: el radicalismo gobierna y el socialismo controla Diputados. El PS se asume como un control interno de la coalición y necesita mostrar que puede acompañar al gobierno sin firmar todo lo que envía el Ejecutivo.
En la constelación socialista vinculan la pelea con la posibilidad de un entendimiento electoral entre Pullaro y Javier Milei. El gobernador abrió las puertas de Unidos a La Libertad Avanza, un gesto hacia la Casa Rosada y hacia el votante antikirchnerista que el PS considera una línea que no está dispuesto a cruzar.
Una de las hipótesis que circulan es un pacto de no agresión sin alianza formal, con un candidato libertario débil en la provincia y un Milei que evite hacer campaña en Santa Fe. El socialismo, por su parte, dejó trascender que podría tener candidato propio a gobernador en 2027 y que su alternativa sería un frente amplio contra Milei con el peronismo, la Coalición Cívica y el radicalismo de Martín Lousteau.
Ni el radicalismo ni el socialismo creen que la ruptura sea probable, porque el costo sería alto para ambos. Pero la negociación dejó dos datos. El primero es que Pullaro está dispuesto a tensar la coalición para sostener la agenda de seguridad, su principal capital político. El segundo es que el socialismo puso un límite y demostró que puede hacerlo valer. La próxima prueba será la ley específica sobre zonas de intervención policial que anticipó el oficialismo.
