Funcionarios del Gobierno de Santa Fe confirmaron que en un solo día se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas de la provincia. “No son una broma: constituyen un delito”, indicaron en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno.
Amenazas en las escuelas: el Gobierno alertó por consecuencias penales y económicas.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalVirginia Coudannes, vocera del Gobierno encabezó la actividad junto a los ministros de Educación, José Goity, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, además de la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín.
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El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que habrá consecuencias legales y económicas, ya que cada operativo tiene un costo estimado de entre $5 y 6 millones y se buscará cobrárselos a los responsables, sean mayores o menores de edad. Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, convocó a fortalecer el rol preventivo de las familias y las escuelas.
Amenazas en escuelas: las posibles sanciones
El ministro Pablo Cococcioni precisó que “solo el viernes de la semana pasada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas en toda la provincia”, lo que activa distintos protocolos de intervención.
En los casos con apariencia delictiva, se da intervención al MPA y se realizan procedimientos que pueden incluir el secuestro de dispositivos u otros elementos. Cococcioni advirtió que, aun cuando intervengan menores no punibles por edad, las actuaciones dejan antecedentes que pueden afectar a futuro, entre los que mencionó:
- Imposibilidad de obtener certificados de buena conducta
- Restricciones para viajar al exterior.
- Institucionalización de menores en casos extremos.
- Además, los adultos responsables pueden ser sujetos de medidas judiciales.
Consecuencias económicas para los responsables y las familias
Desde el Gobierno recordaron que realizar pintadas, difundir mensajes intimidatorios o generar falsas alarmas constituye el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, con penas de prisión.
“Hay consecuencias que no siempre se advierten al inicio, pero que luego son vividas tanto por los menores como por sus responsables legales”, sostuvo Cococcioni. En ese sentido, remarcó que cada intervención implica un costo operativo elevado y desvía recursos policiales que podrían destinarse a otras tareas de seguridad.
El Ministerio de Justicia y Seguridad avanzará —a través de su área Legal y Técnica y en coordinación con la Fiscalía de Estado— en acciones judiciales para reclamar el resarcimiento económico en aquellos casos donde se identifique a los responsables.
Según precisó el ministro, cada operativo tiene un costo estimado de entre $ 5 y 6 millones. “Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso”, confirmó Cococcioni.
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