Según pudo averiguar AIRE, como consecuencia de esa resolución la ciudad de Santa Fe dejará de recibir de manera automática entre 50 y 60 millones de pesos mensuales.
Antes de la nueva resolución, los Registros del Automotor funcionaban como agentes de retención. Acara (Asociación de Concesionarios de Automotores) recaudaba el dinero de las multas que se cometían en cada localidad -en este caso en Santa Fe-, la giraba al registro y luego eso se transfería a la Municipalidad.
A partir de ahora, ya no será así: "Es responsabilidad de cada jurisdicción la percepción de las infracciones”, dijo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Cada ciudad deberá recaudar la plata de las infracciones y deudas y tendrá que establecer sus estrategias para percibir ese dinero. “Hoy por hoy para hacer una transferencia de un vehículo no vas a estar obligado a cancelar las infracciones que hasta ahora sí lo era”, le explicó una fuente a este medio.
A raíz de esta situación, dejarán de entrar automáticamente a las arcas de la municipalidad entre 50 y 60 millones de pesos. Según le explicaron a este medio, no es que esas multas desaparecen, sino que el Estado municipal ahora deberá ver de qué forma logra que la ciudadanía las abone, teniendo en cuenta que no será necesario para comerciar vehículos usados.
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”Los Registros Automotores dejarán de cobrar los impuestos y tasas relativos a la radicación de automotores y de sellos, y las multas por infracciones de tránsito cometidas en jurisdicción provincial o municipal. Ahora será responsabilidad de cada jurisdicción la percepción de los mismos”, detalló el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Otras reformas: eliminación de documentos y digitalización
En mayo, se eliminó la cédula azul, un documento que era necesario para que una persona pueda circular con un vehículo ajeno. Además, la cédula verde, que antes tenía un vencimiento de un año, se convirtió en el único documento indispensable sin fecha de caducidad para poder circular.
La digitalización de los legajos automotores es otro paso hacia la modernización del sistema. Según el Gobierno, esta medida permitirá ahorrar 1.300 millones de pesos mensuales al eliminar la necesidad de trasladar documentos entre los registros.