El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia autorizó a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) a incrementar la tarifa en un 32%. Según explicaron desde el gobierno, la suba responde a un incremento pospuesto desde 2018.
El agua aumentará en enero por una resolución ministerial dispuesta por el Gobierno de la provincia de Santa Fe.
El anuncio generó polémica ya que el aumento se dictó a través de una resolución ministerial, sin haber realizado una audiencia pública previa. La diputada del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), Clara García, remarcó este miércoles en Creo, el programa que conduce José Curiotto por Aire de Santa Fe, que "la pandemia trajo un congelamiento de tarifas por una decisión nacional" y que el gobierno de Omar Perotti "simplemente" hizo todo lo contrario.
"La audiencia pública es obligatoria. Lo dice nuestra Constitución del 94, una Constitución que fue un hito para reconocer los derechos de los usuarios y de las asociaciones de los consumidores", explicó la diputada.
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"La Provincia tiene una media sanción de una ley de audiencias públicas y seguramente el Gobierno de Perotti, para decir que no es ilegal, dirá que la ley está incompleta", agregó.
García dijo que el gobierno tiene que tener "predisposición a explicar y escuchar" porque "para eso son las audiencias públicas". Y que el agua "es un derecho humano primordial y hoy es absolutamente indispensable por la pandemia". Por esto, la legisladora solicitó a las autoridades provinciales el detalle del plan de obras que tiene previsto realizar Aguas Santafesinas durante 2021.
En un comunicado del bloque del FPCyS, García mencionó la causa “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el aumento de tarifas de los usuarios residentes en un voto unánime que resolvió que la realización de una audiencia pública previa es un requisito obligatorio para la fijación de tarifas y que su no realización posibilita a los tribunales a considerar nulas dichas resoluciones.
En el caso de ASSA, las audiencias públicas llevan una década de vigencia ininterrumpida. La diputada destacó que el caso del 2018, cuando por primera vez se desdobló el aumento, (uno se aplicó en enero y otro en mayo, siempre del mismo año).
Notas de la Defensoría del Pueblo al Enress y la ministra Frana
El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto envió a principios del mes de diciembre dos cartas, una al Ente Regulador de Servicios Sanitarios y otra a la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, en las que manifiesta la preocupación generada por la noticia que daban cuenta de un pedido de aumento de la empresa Aguas Santafesinas S. A. en la tarifa de ese servicio público esencial.
Desde la Defensoría del Pueblo manifestaron algunas consideraciones que, según su postura, se deberían tener en cuenta al momento de analizar el pedido cursado por la empresa provincial.
“La Corte Suprema de Justicia en el fallo conocido como “CEPIS” impuso la obligatoriedad de las audiencias públicas en forma previa a todo aumento tarifario. El máximo Tribunal consagró que las audiencias públicas deben: a) ser previa a cualquier modificación tarifaria; b) proporcionar a los usuarios información adecuada, veraz e imparcial; c) permitir la deliberación de todos los sectores interesados y d) que la autoridad considere las opiniones y argumentaciones vertidas en la audiencia al momento de la resolución final”, señalan las misivas y agregan que “incluso antes del citado fallo de la Corte Suprema, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios provincial ha expresado que es criterio de ese organismo convocar a audiencias públicas a fin de que los usuarios y sus organizaciones puedan ejercer el derecho a la información y a la vez hacer conocer su opinión sobre la petición de ajuste tarifario”.
Más adelante, las cartas destacan que “la Defensoría del Pueblo ha participado en todas las audiencias públicas convocadas para poner en consideración aumentos tarifarios de los servicios públicos esenciales, y estamos convencidos que es un mecanismo de participación ciudadana consagrado constitucionalmente que no debe soslayarse en el tratamiento y consideración de las solicitudes de modificaciones tarifarias en los servicios esenciales”.
En el último plenario anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina del mes de noviembre uno de los temas relevantes que se abordó fue el de los servicios públicos esenciales donde los distintos defensores expresaron de la necesidad de concurrir a las audiencias públicas que se deben convocar y defender los derechos de los usuarios, especialmente, de aquellos más vulnerables, requiriéndose un incremento en las tarifas sociales existentes en la actualidad.
Además, desde la Defensoría del Pueblo manifestaron su preocupación por un pedido de aumento del 30% que habría quedado pendiente del año 2019. “Esta circunstancia genera una doble preocupación, la primera relativa a considerar los términos de la audiencia pública convocada a fines del 2018 para aplicar un aumento dos años después, circunstancia que no resultaría procedente según lo argumentado precedentemente” y agrega que “la segunda cuestión es atinente a la omisión que se estaría haciendo del contexto actual de emergencia sanitaria y económica, donde gran parte de la sociedad no se encuentra en situación de afrontar aumentos en un servicio público tan esencial como lo es el acceso al agua”.
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