A partir del crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal, Santa Fe comienza a debatir el uso de redes sociales entre los jóvenes.
A partir del crimen en San Cristóbal, Santa Fe comienza a debatir el uso de redes sociales de adolescentes.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El crimen del adolescente Ian Cabrera, ocurrido el 30 de marzo dentro de la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, no solo conmocionó a Santa Fe sino que también volvió a poner en el centro de la escena una discusión incómoda: el rol de las pantallas, las redes sociales y los riesgos a los que están expuestos los jóvenes.
El joven imputado por el homicidio es investigado por su posible participación en foros digitales que hacen culto de la violencia, conocidos como True Crime Community (TCC). Un universo virtual casi desconocido entre los investigadores y que hasta el momento no se habían registrado casos en el país.
“La violencia adolescente extrema nos interpela a los adultos”, advirtió esta semana la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, al presentar su informe de gestión ante la Legislatura. Allí recordó el caso Jeremías Monzón, torturado por otros jóvenes que además grabaron un video; o el chico que mató a su madre en Villa Gobernador Gálvez y todavía se investiga el móvil.
A partir de esa situación, la funcionaria judicial lanzó planteó la posibilidad que a nivel provincial y nacional se comience a discutir algún tipo de restricción en las redes sociales.
En Argentina, la primera respuesta llegó por el lado de los límites de pantallas en las escuelas. En Santa Fe, desde este año, están prohibidos en nivel inicial y primario, incluso durante los recreos, y en secundaria solo se permiten con fines pedagógicos. El objetivo, según explicó el médico psiquiatra Lucas Raspall, quien asesoró al Ministerio de Educación, es promover un uso “seguro, responsable y creativo” de la tecnología.
Pero el problema desbordó ese marco y el foco empezó a correrse: ya no se trata solo de los dispositivos, sino del acceso a las plataformas. Algunas como Discord, populares entre los jóvenes ya que se utiliza en videojuegos, pero de más difícil acceso para adultos y más complejas para las investigaciones.
Se trata de un debate de alcance global. A fines de 2025, Australia se convirtió en el primer país en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. La medida incluye plataformas como Instagram, TikTok, X y YouTube. España avanzó en la misma dirección, mientras que Francia y Dinamarca analizan fijar límites similares. En Grecia, por su parte, las restricciones comenzarán a aplicarse de manera gradual desde 2027.
El objetivo es claro: reducir los efectos asociados al consumo intensivo de estas plataformas como la ansiedad, trastornos del sueño, adicción y el ciberacoso, además de la exposición a contenidos violentos o situaciones de riesgo.
Según el informe Kids Online 2025, elaborado por UNICEF y UNESCO, en Argentina la edad promedio del primer celular con internet es de 9,6 años. En el grupo de 9 a 11 años, el 83% ya tuvo su primer dispositivo antes de los 10.
Pero no es solo una cuestión de acceso. El 46% de niños, niñas y adolescentes reconoce tener algún tipo de uso problemático vinculado a internet, los celulares o los videojuegos. Entre los indicadores aparecen la caída del rendimiento escolar y la imposibilidad de reducir el tiempo de conexión, incluso cuando existe la intención de hacerlo.
En ese contexto, distintas organizaciones comenzaron a presionar para que el tema llegue al Congreso. Una de ellas es Manos Libres, que propone prohibir el acceso a celulares con internet a menores de 14 años y limitar el uso de redes sociales hasta los 16.
El ministro de Educación, José Goity, se mostró a favor de avanzar en algunas restricciones, aunque advirtió que no pueden ser la única respuesta.
“Es un planteo acertado, deben estar reguladas en edades tempranas y no es aconsejable un uso indiscriminado. Hay que dar el debate y tomar decisiones que siempre son provisorias: muchos países avanzaron y luego retrocedieron. Es complejo, pero necesario ordenar”, sostuvo.
En 2006 Santa Fe fue pionera al prohibir el uso de celulares en las aulas al sancionar la Ley N.º 12.686, aunque el avance tecnológico dejó esa norma desactualizada. En septiembre del año pasado, la diputada Celia Arena ingresó una iniciativa que busca modernizarla, aunque el debate, por ahora, no pasó de las comisiones.
Entre varias iniciativas, también Diputados debate el programa “Niños sin pantallas” que apuntan a concientizar sobre los efectos del uso excesivo en la salud, especialmente en la primera infancia. En el Senado, tiene media sanción el proyecto de Educación Emocional Integral que intentan fortalecer herramientas sociales y personales en las escuelas.
A partir de la sanción de la nueva Constitución, Santa Fe incorporó en los artículos 28, 29 y 30 derechos digitales destacando el acceso universal, equitativo y asequible a la tecnología; la protección de los datos personales como también el reconocimiento del derecho de toda persona a vivir en un entorno físico y digital seguro, libre de violencias y amenazas. El reconocimiento en la Carta Magna ofician como respuesta a la evolución de las necesidades ciudadanas en un mundo interconectado.
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