Docentes universitarios inician un paro de una semana y no tomarán exámenes en todo el país
Los docentes universitarios inician un paro nacional hasta el 6 de diciembre tras la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario.
Los docentes universitarios inician un paro nacional hasta el 6 de diciembre tras la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y de la actualización salarial.
Los docentes universitarios y preuniversitarios de todo el país iniciaron este lunes un paro nacional de una semana, que se extenderá hasta el próximo 6 de diciembre, en rechazo al decreto presidencial 759/25 que suspende la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795. La medida incluye la suspensión de exámenes, sin reprogramación prevista.
Según Conadu Histórica, el decreto impide aplicar un aumento del 40,25% previsto para los básicos de julio de 2025, lo que profundiza el deterioro salarial del sector, que ya se encuentra por debajo de la línea de pobreza. “Los salarios docentes están prácticamente congelados”, afirmaron desde la federación.
Fachada UNL
La medida de fuerza es en rechazo al decreto presidencial 759/25 que suspende la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Paro de docentes universitario: exámenes suspendidos
Durante la semana del paro no se tomarán exámenes en muchas facultades, ya que quienes adhieren a la medida no reprogramarán las mesas evaluadoras. La decisión exige acuerdos dentro de cada cátedra y ha generado incertidumbre entre estudiantes.
“Nos preparamos para un paro de largo aliento que afecta los exámenes —esta medida implica no reprogramar— y eso exige acuerdos de cátedra y, donde no sea posible, que se respete la decisión de adherirse al paro”, indicó la Asociación Docentes de la UNL a través de un comunicado de prensa.
Y remarcó que el paro “no es contra los estudiantes y su movilización exigiendo al gobierno nacional que resuelva nuestro conflicto… es fundamental”.
Marcha universitaria en Santa Fe 7
Reclamo por aplicación de la ley
El conflicto se desató tras la decisión del Gobierno nacional de no aplicar la actualización salarial votada por el Congreso a través de la Ley 27.795. Si bien la norma sigue vigente, su implementación quedó suspendida por decreto al no haberse definido las partidas presupuestarias necesarias.
